SAN FELIPE (12/05/2025).- En libertad quedó el ciudadano boliviano que se encuentra imputado como autor del homicidio de un Haitiano, ocurrido la madrugada del 18 de agosto de 2024 en las afueras de una discoteque y prostíbulo clandestino al interior de la Toma Yevide en San Felipe.
Tras haber sido detenido por personal de la SIP Carabineros al interior de la población 250 años, el imputado Y.Ch.J. (25) fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía donde el fiscal Eduardo Fajardo de la Cuba le imputó el delito de homicidio simple en grado de consumado.
De acuerdo a los antecedentes obtenidos por Los Andes Online, el persecutor señaló en audiencia que esa madrugada la víctima Hyppolite Sheckender (31) se encontraba compartiendo con su pareja y amigas en la discoteque clandestina de esa toma.
En un momento el Haitiano decidió salir, momento en que fue atacado por el boliviano quien rompió una botella de cerveza en el piso y con el gollete le asestó una herida cortopenetrante en la zona cervical izquierda, desplomándose en forma inmediata en el piso.
El herido fue trasladado hasta el servicio de urgencias del Hospital San Camilo donde finalmente se produjo su muerte, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico.
El homicida se mantuvo prófugo de la justicia hasta la semana pasada cuando fue detenido por el personal de Carabineros.
Con estos antecedentes, el fiscal Fajardo de la Cuba estimó que la libertad del imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y también ante el riego de fuga pidió aplicar la cautelar de prisión preventiva.
Sin embargo, el magistrado Bernardo Bustamante Velozo, consideró que el imputado no era un peligro para la sociedad y solo decretó la prisión preventiva por peligro de fuga, estableciendo una fianza de 1 millón de pesos si quería quedar en libertad.
Como la familia del altiplánico depositó esa suma en la cuenta del tribunal, el magistrado decretó su libertad, fijando como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la firma diaria en Carabineros.
Asimismo, el tribunal fijó un plazo de 70 días para el cierre de la investigación.
Cabe recordar que en caso de resultar condenado, el boliviano arriesga una pena que parte en 10 años y un día de presidio.
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