El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que rechazó la contienda de competencias presentada por el Comité de Ministros contra el Primer Tribunal Ambiental, podría interpretarse como un hito estrictamente jurídico. Sin embargo, sería un error abordarlo sólo desde el tecnicismo legal. Lo que está en juego es mucho más profundo: la legitimidad del sistema institucional chileno para compatibilizar desarrollo económico, protección ambiental y gobernanza robusta.
La decisión del TC ratifica que el Primer Tribunal Ambiental actuó dentro de sus atribuciones al exigir el cumplimiento estricto de una sentencia judicial previa. Esto implica, en la práctica, que el Comité de Ministros no puede introducir nuevos fundamentos para rechazar el proyecto Dominga, ya descartados en sede judicial. Más allá del proyecto en cuestión, lo que se reafirma es un principio básico del Estado de Derecho: cumplir una sentencia no es opcional.
Como abogada dedicada hace más de una década al derecho minero, y desde mi rol asesorando a compañías que impulsan inversiones complejas en Chile, veo con preocupación cómo la inestabilidad institucional —a menudo disfrazada de discrecionalidad técnica o política— erosiona la confianza de largo plazo que requiere el desarrollo sostenible. Cuando hablo de desarrollo sostenible, no me refiero a un eslogan corporativo, sino al equilibrio real entre tres dimensiones que hoy son ineludibles: ambiental, social y de gobernanza (ESG).
Este caso pone de manifiesto que una institucionalidad ambiental moderna no sólo debe proteger el medio ambiente, sino también garantizar certeza jurídica, estándares técnicos claros y un marco normativo que promueva la inversión responsable. Cuando un proyecto cumple con las reglas, se somete a múltiples evaluaciones y logra superar instancias administrativas y judiciales, no puede enfrentarse a una revisión perpetua que nunca concluye.
El reciente fallo del TC, al zanjar la disputa entre órganos del Estado, devuelve equilibrio al sistema. Reconoce que la evaluación ambiental no puede transformarse en un proceso infinito, ni en una herramienta política. El cumplimiento efectivo de las sentencias es parte esencial de la dimensión “G” de ESG: gobernanza, entendida como transparencia, rendición de cuentas y respeto por la legalidad.
En un país donde los desafíos sociales y ambientales son legítimos —y muchas veces urgentes—, es precisamente la fortaleza institucional lo que permite abordarlos sin sacrificar el desarrollo. Chile necesita inversión en minería, energía, infraestructura y transición verde. Sin embargo, esos flujos de capital sólo llegarán si el marco normativo es predecible, si las decisiones se ajustan a derecho, y si las instituciones honran los límites de sus propias competencias.
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