ACONCAGUA (08/05/2025).- La familia de Jesús Cerda Calderón, joven trabajador asesinado en agosto de 2024 al interior del predio Las Palmas, en Llay Llay, denunció públicamente una serie de represalias laborales y abandono por parte del holding agrícola liderado por Jorge Schmidt, dueño del fundo donde ocurrió el crimen. Tras el homicidio, cometido por otro trabajador durante la jornada laboral, familiares del fallecido denuncian haber sido vetados sistemáticamente de cualquier posibilidad de empleo en las empresas vinculadas a Schmidt, que concentran la mayor de la oferta laboral en la Provincia de San Felipe.
“Nos ofrecieron ayuda en los días posteriores a la muerte de Jesús, pero fue solo para calmar la situación. Nunca más se acercaron. Hoy en día, no nos dejan trabajar en ningún campo del empresario, y ni siquiera han preguntado cómo están sus hijos o si necesitan apoyo psicológico”, señaló Rocío Morales, viuda del fallecido y madre de sus dos hijos pequeños, que hoy se ve en una compleja situación económica tras la muerte de su pareja.
A esto se suma el miedo de los testigos del crimen, quienes, según declara la familia, han sido amenazados con perder su trabajo si entregan su testimonio: “No les pedimos que mientan, solo que digan la verdad. Pero tienen miedo, porque todos dependen laboralmente de este empresario. Él maneja todo Llay Llay”, afirmó la madre de la víctima, Margarita Calderón. En esa línea, la familia exige justicia y espera que la muerte de Jesús sea reconocida como accidente laboral con resultado de muerte, y no como una simple riña, como ha intentado instalar la empresa para eludir su responsabilidad.
Así lo explicó Priscila Martínez, tía de la víctima: “Mi sobrino no murió en una pelea, lo mataron en su trabajo, y la empresa quiere esconderlo como si fuera una riña cualquiera para no hacerse responsables”. En ese sentido, también aclaró que “nos ofrecieron ayuda, trabajo, apoyo… y después nos cerraron todas las puertas. Hoy no podemos trabajar en ningún predio de Jorge Schmidt solo por ser su familia. Nos castigan por exigir justicia”.
Por su parte, el abogado Felipe Olea, que representa a la familia de Jesús Cerda, enfatizó en que "lo más grave es que, además del dolor de la pérdida, esta familia ha sido silenciada, vetada y marginada del mundo laboral por atreverse a buscar justicia. Y los testigos, que podrían esclarecer lo ocurrido, han sido amedrentados, pues temen perder su trabajo si cuentan la verdad. Esta es la realidad que enfrentan las familias vulnerables cuando el poder económico opera sin control. Nuestro objetivo es que este caso no quede impune y que sirva como precedente para que nunca más se normalicen muertes evitables en contextos laborales por la negligencia de los empleadores”.
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