¿Le será fácil a la ciudadanía entender el Sistema de Admisión Escolar (SAE)? Lo pregunto y vuelvo a sus comienzos, ya que desde su creación ha sido un tema de la política pública bastante controversial en el país.
La ley de Inclusión Escolar N° 20.845, promulgada en 2015, regula la postulación a establecimientos públicos y subvencionados chilenos.
Se elaboró con el fin de eliminar prácticas discriminatorias en el proceso de admisión a establecimientos educacionales que reciben financiamiento estatal. Esta implementación se extendió a todo el país el 2019.
Asimismo, este sistema centraliza y digitaliza las postulaciones a través de una plataforma web, permitiendo a las familias postular a múltiples establecimientos según sus preferencias.
Sin embargo, entre sus mayores críticas está la percepción de aleatoriedad en esta asignación. Pues funciona como una tómbola sin considerar el mérito académico de los estudiantes. Esto especialmente con liceos de alta exigencia. Además, se ha presentado gran escasez de vacantes en los establecimientos más demandados como el de Antofagasta y Alto Hospicio.
Frente a esta desigualdad, el Ministerio de Educación convocó a un grupo de profesionales de distintas posiciones políticas, ámbitos académicos y centros de estudio. Estos expertos entregaron un informe con diez recomendaciones.
Entre ellas, las más críticas no resolvería el problema de la equidad con claridad. Pues se propone que Liceos de Alta Exigencia Académica puedan seleccionar hasta el 80% de sus estudiantes desde séptimo básico. Esto, utilizando criterios como el ranking de notas. Lo cual genera dudas en si esta selección asegura la calidad del sistema educativo para todos los estudiantes.
Según el Mineduc las recomendaciones de los expertos serán analizadas. Las cuales se traducirían en indicaciones a proyectos de ley en tramitación en el Senado. Es de esperar que estas indicaciones fortalezcan la equidad, eficiencia y legitimidad de un sistema que sigue siendo para Chile un dolor de cabeza.
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