ACONCAGUA (01/10/2024).- La diputada Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, se sumó a la solicitud de realizar una indagatoria exhaustiva por excesivo uso de “tratos directos” detectados en la Municipalidad de Putaendo, enfatizando la urgente necesidad de esclarecer y sancionar los hechos.
Esto luego que cuatro de los seis concejales, Miguel Ortiz (RN), Marta Silva (PS), Sebastián Caldera (REP) y Mariana Bravo (Partido Comunes), en una acción conjunta, presentaran una denuncia formal ante la Contraloría General de la República en Valparaíso, con el fin de que se investiguen las graves irregularidades constatadas en el Informe de Auditoría Interna elaborado por la Dirección de Control del municipio.
A juicio de la parlamentaria, con esta situación la actual administración estaría violando sistemáticamente la normativa de contratación pública y poniendo en riesgo los recursos locales, lo que calificó de inaceptable.
La diputada Chiara Barchiesi criticó duramente a la actual administración municipal, señalando que “efectivamente la Municipalidad de Putaendo tiene el mayor porcentaje de tratos directos en la región y a esto se le suman otras malas prácticas, como por ejemplo, atraso en el pago de facturas por más de dos años incluso. Por eso quiero destacar la labor de fiscalización de los concejales de Putaendo, esperamos que la Contraloría actúe con prontitud y que se determinen las responsabilidades correspondientes, porque es urgente devolverle a Putaendo una gestión transparente y responsable. En este sentido, quiero destacar especialmente el trabajo de los concejales Caldera y Ortiz con quienes en estos años hemos hecho distintas fiscalizaciones en conjunto”.
En su solicitud, los ediles también dieron cuenta de otros hallazgos relevantes, como la falta de documentación de respaldo en 27 procesos de la Dirección de Administración y Finanzas, y la emisión de certificados de disponibilidad presupuestaria sin la firma correspondiente. "Nosotros ya habíamos advertido sobre estos problemas, pero no fue hasta esta auditoría que logramos confirmar la gravedad de la situación. Esperamos que la Contraloría tome cartas en el asunto y ponga fin a esta serie de malas prácticas", agregó el concejal Caldera.
Finalmente, la legisladora indicó que la denuncia marca un punto de inflexión en la política local de Putaendo, evidenciando una creciente preocupación por la transparencia y el manejo de los recursos públicos. La comunidad espera ahora el pronunciamiento de la Contraloría General de la República para conocer las medidas a seguir y las posibles sanciones que se deriven de esta investigación.
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