Basándonos en los principios de justicia, libertad y responsabilidad, es inaceptable que la pobreza y la desigualdad económica obliguen a miles de niños a trabajar. Brechas en el sistema educativo y las tradiciones culturales que lo normalizan, perpetúan esta condición. Asimismo, la desintegración familiar y la economía informal exacerban la situación, dejando a nuestros niños vulnerables y sin protección, con consecuencias devastadoras.
El trabajo infantil interrumpe la educación, afecta la salud física y mental y limita el desarrollo social y emocional armónico. Al perpetuar la pobreza intergeneracional, condenamos a nuestros niños a un futuro sin oportunidades, exacerbando las desigualdades. Debemos garantizar que cada niño y adolescente en Chile tenga acceso a una educación de calidad, a una vida libre de explotación y a un entorno seguro y estimulante para su sano desarrollo.
La erradicación del trabajo infantil no es solo una obligación legal, sino un imperativo moral, que nos obliga a fortalecer la política pública, mejorar la fiscalización y promover cambios culturales que valoren la infancia como una etapa de desarrollo, aprendizaje y cuidado social sagrado, construyendo así, puentes hacia el futuro.
El desafío es trascendente y vinculante a todos los sectores de la sociedad. Solo a través de un compromiso colectivo responsable, sincero, compasivo y firme podremos asegurar un futuro esperanzador para nuestros niños y adolescentes. Proteger su libertad y garantizar su bienestar es responsabilidad de todos.
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