LOS ANDES (22/05/2024).- Con alivio respiran las organizaciones medioambientales que conforman la Coordinadora Defensa Akunkawa tras haber vencido el domingo recién pasado la prórroga de 30 días que el 2° Juzgado de Letras de Los Andes concedió a la empresa minera norteamericana Nutrex SpA, plazo adicional que tenía para monumentar y consolidar la constitución de sus pertenencias mineras en el Parque Andino Juncal.
Tal como hemos venido informando, el plazo original que tenía la compañía para realizar sus mensuras había vencido el 16 de abril de este año, por consiguiente, las concesiones debían ser caducadas y archivadas según lo establece el Código Minero.
Sin embargo, Nutrex SpA pidió ampliación del plazo para culminar su mensura ante el Primer y Segundo Juzgado de Letras de Los Andes, cuyos resultados fueron contrapuestos.
En el caso del Primer Juzgado, la ampliación fue rechazada categóricamente por el juez Fernando Alvarado argumentando que se advierten largos períodos de inactividad en la tramitación de la concesión, en los que, con la debida diligencia, el interesado pudo haber superado oportunamente obstáculos de parte de terceros, por lo que no concurre el requisito de irresistibilidad para configurar caso fortuito y, por consiguiente de plano, se rechazó la solicitud de extensión de plazo.
Sin embargo, la jueza Silvia Sanhueza Zapata, del Segundo Juzgado de Letras, autorizó con fecha 19 de abril de 2024 la petición de ampliación de plazo por treinta días, fundando la solicitud de fuerza pública para ejecutar la operación de mensura, y el informe del perito mensurador, “la falta de condiciones mínimas de seguridad para acceder al terreno donde deben efectuarse los trabajos, por acciones imputables a terceros”, según se lee en la resolución (ver imagen ampliada).
A través de un comunicado, la Coordinadora Defensa Akunkawa evidenció su satisfacción y calificó este hecho como un triunfo para las organizaciones medioambientales “al saber que en esta oportunidad no se han constituido concesiones mineras que pudieran dar inicio a obras de exploración y eventual explotación en este lugar de la cordillera”.
Se hace presente que los próximos días el mismo tribunal deberá declarar la caducidad de las últimas 7 concesiones mineras, uniéndose así a la decisión tomada el 7 de mayo por el Primer Juzgado respecto de las otras 8 concesiones. “Ninguna de las 15 concesiones pudo ser monumentada, lo que implicaría que cualquier intento futuro requeriría iniciar nuevamente un proceso que demanda quince meses”, argumentan.
Movilizaciones sin precedentes y resistencia pacífica
Agregan que la sola posibilidad de que se realizaran faenas mineras en este lugar único, que concentra las principales reservas de agua dulce que abastecen a una de las áreas con más densidad de población de la zona central del país, “movilizó durante los últimos meses de una forma sin precedentes a movimientos socioambientales, vecinos del camino internacional, amantes de la montaña, autoridades políticas y espirituales, medios de comunicación, conservacionistas, ecologistas y opinión pública en general”, junto con realizarse manifestaciones y resistencia pacífica, destacó la coordinadora.
El Valle de Juncal ha sido salvaguardado de la amenaza
Recuerdan que el Valle de Juncal, que es el hogar de glaciares, humedales reconocidos internacionalmente bajo la convención Ramsar, una gran biodiversidad y la cabecera del río Juncal, uno de los principales afluentes del río Aconcagua, “ha sido salvaguardado de la amenaza de obras de exploración y eventual explotación minera”.
Mensaje directo a los parlamentarios: Urgente necesidad de actualizar la legislación
Ante todo lo acontecido envían un mensaje directo a los diputados y senadores, en particular a los de la zona, al sostener que “resulta tan aberrante como incomprensible que la legislación chilena permita a un particular cualquiera inscribir concesiones mineras en cada rincón del país, sin importar qué hay sobre el suelo que se quiere explorar, a quién pertenece, qué uso tiene o cuál es su importancia para la vida humana o para los ecosistemas”.
Por tal motivo, sostienen que “así de grave y urgente es la necesidad de actualizar la legislación que rige desde décadas pasadas, cuando toda la normativa se alineó hacia el objetivo de impulsar el desarrollo productivo basado en el extractivismo a cualquier costo”.
Ante ello formularon críticas al rol que han tenido autoridades sobre este tema, argumentando que dichos costos, por mucho que traten de ser invisibilizados, “se hacen evidentes en el deterioro de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, el daño a la salud de las personas y la destrucción de las formas de vida en nuestros valles, costas y montañas. Mientras las obscenas utilidades se van a recompensar a los inversionistas, las pérdidas quedan para los territorios y sus habitantes. En contexto de crisis climática, tanto las autoridades como la ciudadanía tenemos el deber de poner atajo a este modelo desarrollista y depredador que atenta contra nuestra propia sobrevivencia”, enfatizan.
Comisión Alto Aconcagua
Finalmente, la Coordinadora Defensa Akunkawa destaca la posibilidad que se está gestando de trabajar en conjunto con la institucionalidad en la Comisión Alto Aconcagua, recientemente constituida y convocada por el Gobierno Regional, “donde hemos propuesto una lista de 30 puntos para abordar desde la normativa vigente y con herramientas que están dentro de las atribuciones de nuestras autoridades, así como también promover los cambios que sean necesarios en la legislación para proteger y conservar nuestros ecosistemas naturales y bienes comunes, nuestra calidad de vida y, con ello, asegurar el futuro a las generaciones que habitarán y cuidarán estos territorios”.
|
.jpg)
