Se publicó el primer informe de la Comisión Asesora Contra la Desinformación y no encontré nada
alarmante, lo que valoro, pero no me atrevería a dar por superada la inquietud que produjo la creación de esta comisión.
La preocupación inicial no tiene que ver con la idoneidad de sus integrantes –todos académicos y
profesionales reconocidos—sino por el origen gubernamental de la comisión: en una sociedad
democrática el gobierno no debe definir qué ideas pueden circular o publicarse.
En todo lo demás, el informe es un aporte contra la desinformación, pues es claro y honesto al
presentar evidencia científica disponible sobre el fenómeno en Chile y el extranjero. Aporta luces
para contextualizar y dimensionar el problema de la desinformación que, en una sociedad
compleja como la nuestra, no es tanto la proliferación de mentiras, sino la siembra de
desconfianza entre los ciudadanos y en las instituciones.
Las grandes plataformas de redes digitales facilitan la circulación de todo tipo de contenidos
(veraces o engañosos), pero también son responsables del negocio de crear entornos
personalizados a nuestro alrededor, intencionados para captar nuestra atención, maximizar las
respuestas emocionales fuertes y las reacciones inmediatas. Así estas empresas ganan por
publicidad, crean valor en la red y generan más datos para la compañía.
El incentivo perverso de favorecer aquello que genera más reacciones y popularidad ahuyenta a
las voces moderadas, las personas pierden interés en los asuntos de interés común, favorece la
polarización política y facilita el surgimiento de liderazgos populistas o autoritarios. A ellos no les
importa ni la verdad ni la mentira, sino captar la atención y mantenernos ocupados en algo más
“entretenido y excitante”.
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