La discusión sobre modernización del Estado suele simplificarse entre dos posiciones. Por un lado, quienes consideran que el aparato público presenta un tamaño excesivo y, por otro, quienes creen que se deben aumentar los recursos. Mientras nos ponemos de acuerdo, la experiencia cotidiana da cuenta de que Chile tiene un Estado fatigado.
Durante años, el sector público ha acumulado nuevas funciones, mayores exigencias regulatorias, sistemas de control y expectativas ciudadanas cada vez más altas, pero sin rediseñar de manera equivalente sus capacidades institucionales. El resultado es un aparato estatal marcado por la sobrecarga organizacional y la fragmentación.
Cada crisis pública deriva en nuevos formularios, autorizaciones, validaciones y controles que se superponen unos sobre otros. Así, el Estado pierde agilidad para decidir, coordinar y ejecutar, poniendo más esfuerzo en evitar “sumarios” que en resolver problemas públicos. Para la ciudadanía, esta fatiga institucional no es solo teórica, la experimenta en listas de espera, trámites excesivos, servicios saturados y permisos que tardan años.
Pese al pesimismo, existen avances relevantes. Ejemplos de ello son la Alta Dirección Pública, que ha fortalecido criterios de profesionalización y mérito en espacios históricamente tensionados por la lógica política y, el Laboratorio de Gobierno, que ha demostrado que la innovación y coordinación pueden generar mejoras concretas. Chile tiene experiencia fortaleciendo las capacidades institucionales.
Un Estado fatigado no necesariamente colapsa, pero comienza a responder cada vez peor, y cuando eso ocurre, el deterioro comienza a transformarse en un problema de legitimidad democrática.
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