ACONCAGUA (27/04/2026).- Su rechazo a la actitud adoptada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt Vidal, hizo pública la Multigremial Aconcagua de Salud luego que no recibiera a los dirigentes de las diversas organizaciones que agrupa durante la visita realizada el viernes al Hospital San Camilo de San Felipe.
Estas son Fedeprus Aconcagua, FTE Aconcagua, Fenats Unitaria, Fenats Hospital San Camilo, Fenats Aconcagua, Fenats Región de Valparaíso y Afusac Aconcagua.
La intención era hacerle entrega de una carta y plantearle directamente diversos temas que se están registrando a nivel local como también de los efectos negativos ante recortes presupuestarios.
Joaquín Lillo, matrón y presidente de Fedeprus Aconcagua, expresó que como dirigentes quedaron “tremendamente decepcionados y engañados por el subsecretario de Redes Asistenciales, porque habíamos agendado una reunión con él para manifestar nuestro malestar y preocupación por la situación que hoy ocurre en Aconcagua, donde el recorte de presupuestos va a obligar a generar impactos negativos en la atención de nuestros usuarios, en la pérdida de derechos laborales y en una serie de otros efectos negativos”.
Indicó que la autoridad acordó sostener una reunión con los dirigentes gremiales “bajo ciertas condiciones que nosotros cumplimos; sin embargo, en una actitud ratonil fue capaz de arrancar por la puerta trasera”.
Ante esta actitud, afirmó que como Multigremial Aconcagua “hemos dejado de confiar en este gobierno, en esta subsecretaría y haremos uso de todas nuestras herramientas como asociaciones gremiales para poner los temas de los trabajadores en la mesa”
En parte del documento, se hace presente que como trabajadores de la salud “cada día atendemos a personas que llegan con miedo, dolor y esperanza, por lo que queremos expresar, con firmeza y desde la experiencia cotidiana, nuestra profunda preocupación por dos decisiones del Ejecutivo que ponen en riesgo la atención y la dignidad laboral: en primer término, los recortes presupuestarios instruidos por el Ministerio de Hacienda y, en segundo lugar, la reactivación del trabajo legislativo sobre el proyecto de ley que modifica el Subsidio por Incapacidad Laboral.
Se sostiene que esto los recortes impactarán en lo humano, ya que no se trata de número, “sino que significan insumos que faltan en una sala de urgencias, horas de espera que aumentan la angustia de una familia y turnos que se llenan hasta el agotamiento”.
En este sentido, la instrucción de no reponer funcionarios y paralizar contrataciones “obliga a quienes quedamos a cubrir más tareas, con menos recursos y mayor desgaste físico y emocional”.
Respecto a las condiciones de modificar el Subsidio de Incapacidad Laboral, se indica que este protege “a una persona cuando su salud se quiebra, por lo tanto, reducir coberturas, aumentar carencias o introducir criterios punitivos transforma ese derecho en una amenaza”, sosteniendo que “no sólo perjudica al trabajador, también pone en riesgo la seguridad de los pacientes que atendemos.
Alertan que los efectos que ya se ven y se tiene son el aumento de listas de espera y demora en diagnósticos y tratamientos, interrupción de la continuidad de cuidados para pacientes crónicos y vulnerables, mayor desgaste y rotación del personal, con impacto en la calidad y seguridad asistencial; mayor desigualdad, ya que quienes dependen del sistema público sufrirán con más fuerza estas medidas.
Por consiguiente, como multigremial exigen suspensión inmediata de medidas que impliquen reducción de beneficios, eliminación de remplazos o disminución de dotaciones en la red asistencial; entrega púbica y detallada de los criterios, cálculos e impactos proyectados de los recortes sobre insumos, personal y prestaciones; apertura de mesas de trabajo regionales y sectoriales para evaluar alternativas que no impliques recortes ni regresividad; que cualquier iniciativa legislativa sea retirada o reformulada para asegurar la no regresividad de derechos, la protección de la maternidad y del cuidado, y la eliminación de medidas punitivas que criminalicen el uso legítimo de licencias médicas.
Solicitan una reunión con el subsecretario y equipo en un plazo no mayor a 10 días hábiles y una respuesta escrita a las demandas planteadas.
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