Cada 27 de febrero nos trae a la memoria el terremoto y tsunami de 2010 y nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿estamos realmente preparados para el próximo megaterremoto?
El 27F no fue solo un sismo de magnitud 8.8. Fue una prueba estructural para el Estado, sus instituciones y la sociedad chilena. Dejó en evidencia fallas graves en los sistemas de alerta de tsunami, descoordinación interinstitucional y una preparación desigual en la población. Pero también confirmó fortalezas: normas de construcción exigentes y una ingeniería sísmica que evitó un colapso mucho mayor.
El problema es que el próximo megaterremoto no impactará al Chile de 2010, sino al de hoy: más urbano, más desigual y con infraestructura crítica altamente interdependiente. Hospitales, redes eléctricas, telecomunicaciones y abastecimiento operan como sistemas complejos. La experiencia internacional demuestra que los efectos en cascada —donde un evento inicial desencadena una serie de eventos secuenciales que provocan consecuencias progresivamente mayores— pueden generar un impacto social y económico más profundo que el propio movimiento del suelo.
Ahí aparecen las brechas.
Aún persisten altos niveles de vulnerabilidad territorial: expansión urbana en zonas costeras expuestas a tsunami, asentamientos en laderas inestables, infraestructura crítica ubicada en áreas de inundación. A ello se suman niveles de preparación heterogénea: no todas las familias cuentan con planes de emergencia, kits básicos o claridad sobre rutas de evacuación y zonas seguras.
Además, el riesgo no es solo físico, también es social. Adultos mayores que viven solos, personas con movilidad reducida, hogares sin redes de apoyo o con empleos informales enfrentan mayores obstáculos para responder y recuperarse. La resiliencia estructural no siempre coincide con la resiliencia social.
Entonces, ¿estamos preparados? La respuesta honesta es: parcialmente.
En el plano estructural, Chile sigue siendo un referente. Las exigencias normativas posteriores a 2010 reforzaron el diseño sismorresistente. La probabilidad de colapso masivo en edificaciones nuevas es baja. En ese sentido, estamos mejor que hace dieciséis años. También existen avances institucionales. La creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres marcó un tránsito desde la reacción hacia una gestión más integral del riesgo. Hoy hay protocolos más claros, sistemas de alerta masiva y mayor profesionalización en la respuesta. Los simulacros son frecuentes y la cultura sísmica sigue siendo parte de nuestra identidad colectiva. Pero prepararse no es solo evitar que los edificios colapsen.
Estamos mejor en ingeniería. Tenemos instituciones más robustas. Contamos con una cultura sísmica arraigada. Sin embargo, el desafío es no confundir desempeño estructural con resiliencia integral. El próximo megaterremoto no solo pondrá a prueba construcciones y protocolos, sino que también la planificación territorial, la cohesión social y la capacidad de sostener servicios esenciales en el tiempo.
La pregunta incómoda sigue abierta. Y la respuesta dependerá, como en 2010, tanto de nuestras normas técnicas como de las decisiones colectivas que tomemos antes de que la tierra vuelva a moverse.
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