Chile avanza hacia un escenario demográfico inédito. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, la población alcanzará su máximo en 2028 y luego comenzará a disminuir, con un envejecimiento progresivo cada vez más marcado. Este cambio no es solo una cifra en un informe técnico: tiene consecuencias directas sobre el sistema de salud, el mercado laboral, la protección social y, de manera menos visible, sobre la salud sexual y reproductiva de la población.
En este contexto, la infertilidad deja de ser un problema individual para convertirse en un asunto de interés público. Datos de la Organización Mundial de la Salud estiman que cerca del 20% de la población adulta en América presenta dificultades para concebir. A ello se suma una tendencia sostenida a postergar la maternidad y paternidad, decisión comprensible desde el punto de vista social y económico, pero que conlleva desafíos biológicos conocidos. La combinación de ambos factores tensiona aún más un escenario demográfico que ya muestra señales de contracción.
La reproducción asistida ha permitido ampliar las posibilidades de formar familia mediante técnicas de baja y alta complejidad, como la inducción de la ovulación, la inseminación intrauterina, la fertilización in vitro, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, la criopreservación de gametos y el diagnóstico genético preimplantacional. Estos procedimientos no solo representan avances tecnológicos, sino también una respuesta concreta a transformaciones sociales profundas.
En este ámbito, resulta central el rol de los Tecnólogos Médicos, particularmente de las menciones de Morfofisiopatología y Citodiagnóstico, y de Bioanálisis Clínico, Inmunohematología y Medicina Transfusional. Desde el análisis seminal y hormonal hasta técnicas altamente especializadas como la ICSI y la criopreservación, su labor se articula con el equipo médico para dar respuesta a pacientes que no llegan solo con un diagnóstico, sino con expectativas, temores y proyectos de vida.
Pese a ello, el acceso a estos tratamientos en Chile continúa marcado por altos costos y brechas sociales. La evidencia muestra que la infertilidad es más prevalente en contextos de menor ingreso, donde existen mayores tasas de infecciones no tratadas, exposición a factores ambientales adversos y menor acceso a atención especializada. El desconocimiento y el estigma siguen operando como barreras adicionales.
Frente a un país que envejece y reduce su base poblacional, la salud reproductiva no puede quedar relegada a la esfera privada. Se requiere avanzar en educación, información y políticas públicas que incorporen la infertilidad como parte integral de la salud sexual y reproductiva, con un enfoque equitativo y basado en evidencia. Ignorar este debate hoy es postergar decisiones que tendrán impacto directo en el Chile de las próximas décadas.
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