En los últimos días, la Contraloría General de la República ha dado a conocer un hallazgo que, por su magnitud, ha capturado la atención pública: más de trece mil funcionarios habrían ingresado a casinos mientras se encontraban con licencia médica. El impacto mediático fue inmediato, y la opinión pública osciló entre la indignación y la sorpresa. Sin embargo, más allá del impacto noticioso, conviene detenerse a reflexionar sobre los límites de la fiscalización estatal, los riesgos de una vigilancia masiva y el necesario equilibrio entre el control público y la protección de las garantías individuales.
La Contraloría informa que cruzó datos entre la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Superintendencia de Casinos. La conclusión: más de 14 mil licencias médicas irregulares y casi 15 mil ingresos a casinos durante esos períodos. Aparentemente una decisión loable. Sin embargo, una pregunta básica parece haber quedado fuera del debate: ¿cuál es el límite de ese cruce de datos?
¿Qué protección tienen los funcionarios que no estaban con licencia médica? ¿Es legítimo que se rastree su actividad privada sin sospecha fundada, sin sumario previo y sin resguardo de sus datos personales? ¿Hasta dónde llegan las atribuciones fiscalizadoras de la CGR sin vulnerar principios como la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad y el debido proceso?
Porque más allá del hallazgo puntual, lo que se ha instalado es un método de vigilancia basado en el cruce masivo de información sin diferenciación entre culpables e inocentes. Y eso no es menor. En un país con debilidades institucionales y una confianza frágil entre la ciudadanía y el Estado, convertir el control en un sistema de sospecha generalizada puede tener consecuencias más graves que el hecho que se busca sancionar.
La figura del funcionario público ha sido erosionada por casos de corrupción reales, pero también por una narrativa que lo presenta como flojo, abusador y privilegiado. Este tipo de informes, sin contexto ni diferenciación, contribuyen a instalar la imagen de que todos son culpables hasta que se pruebe lo contrario.
¿Cuántas de esas visitas a casinos fueron casuales? ¿Cuántas personas estaban en tratamiento por estrés y fueron a un casino no a delinquir, sino a distraerse? ¿Y cuántas otras fueron injustamente expuestas sin siquiera estar con licencia? No lo sabemos, y ese es precisamente el problema: se ha instalado un juicio colectivo sin derecho a defensa.
Por supuesto que corresponde fiscalizar el buen uso de las licencias médicas. Pero lo que se discute es el método, el tono y los alcances de esa fiscalización. El control no puede convertirse en vigilancia masiva. Ni puede saltarse garantías básicas como la proporcionalidad o el derecho a la presunción de inocencia, ni fiscalizar aquello que no está considerado un delito, como asistir a un casino.
La Contraloría tiene un rol fundamental en la vida republicana, pero su legitimidad no se construye con titulares ni escándalos mediáticos. Se construye con rigor técnico, equilibrio institucional y respeto irrestricto a los derechos de todos. Cuando el órgano de control actúa sin filtros ni matices, el resultado puede ser la desconfianza, la estigmatización institucional y el uso político de la fiscalización.
El control es esencial para una democracia sana. Pero cuando no tiene límites, lo que está en juego ya no es la probidad, sino la confianza. Y sin confianza, el Estado también se debilita.
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