Primero, la señal, cualquier funcionario de Gendarmería que pretenda imponer orden en los recintos penitenciarios corre el riesgo serio, no solo él sino también su familia, de tener consecuencias fatales. Esto no se puede instalar.
Segundo, entender que esta problemática no es un problema de un Gobierno determinado, sino del Estado en su conjunto. Verlo de otra perspectiva sería un error. Los delincuentes no distinguen estrato social ni color político. La seguridad requiere ante todo de unidad de acción.
Tercero, comprender la complejidad sobre la cual se asienta el Sistema Penitenciario. Según cifras de Gendarmería, actualmente existen 60.733 personas privadas de libertad, la cifra más alta de presos del último tiempo y el promedio de ocupación de las cárceles en Chile es de 142,1%. Esto conlleva inevitablemente contagio criminógeno y riesgos evidentes de descontrol.
Cuarto, la corrupción y los múltiples hechos de violencia que cada cierto tiempo conocemos al interior de las cárceles hacen tambalear el control de las mismas. Solo pensar que el año 2024 hubo 48 homicidios dentro de los recintos penitenciarios.
Quinto, no debemos olvidar que la principal organización criminal transnacional en Chile, el Tren de Aragua, surgió precisamente de la cárcel Tocorón en Venezuela. Su modus operandi será ejecutado por la misma organización o por otras que utilizarán su misma forma de operar que tanto “éxito” le ha dado.
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