LOS ANDES (19/05/2021).- Una dueña de casa fue detenida por Carabineros y puesta a disposición de la justicia tras detectarse que había sustraído energía eléctrica mediante una conexión eléctrica fraudulenta dentro de la caja que contiene el medidor.
El ilícito fue detectado durante una inspección el pasado mes de enero en el inmueble ubicado en la población Bellavista y de acuerdo a las mediciones se estableció que desde 2017 se había producido un hurto de energía eléctrica por un valor de $ 812.595.
El inspector ingresó al inmueble autorizado por el arrendatario. Al revisar la instalación eléctrica de la propiedad, el inspector verificó la existencia de una conexión eléctrica fraudulenta dentro de la caja que contiene el medidor de energía eléctrica, también llamada caja de empalme.
En el mencionado lugar, se observó que terceros ajenos a la empresa, habían instalado allí un cable de cobre de 4 mm² de sección, cubierto de aislación de color negro, el cual estaba conectado desde la fase de entrada del block de conexiones, hacia el borne de salida del Interruptor Controlador de Potencia (ICP), el que se encontraba operado (cortado).
Mediante 2 esta conexión fraudulenta, denominada puente eléctrico, la energía eléctrica consumida no era registrada por el medidor, por lo que tampoco era facturada correcta ni completamente por Chilquinta Energía.
Si bien se dejó una citación hacia la propietaria del inmueble para regularizar la situación, esta nunca compareció, razón por la cual la empresa hizo la denuncia ante el Ministerio Público, iniciándose una investigación penal.
Como la dueña del inmueble, identificada como J.P.H., de 33 años, tampoco se presentó a audiencia de formalización en el mes de febrero, el Juzgado de Garantía dictó orden de detención en su contra la cual se hizo efectiva el fin de semana.
La mujer pasó a audiencia de control de detención donde el fiscal Ricardo Reinoso le imputó el delito de hurto simple en grado de consumado.
El persecutor solicitó nueva fecha para una audiencia en el mes de junio a fin de discutir de medidas cautelares, salida alternativa o procedimiento abreviado.
No obstante ello, el tribunal estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.
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