ACONCAGUA (22/05/2026).- Preocupados y en estado de alerta se encuentran los dirigentes de la Fenats Nacional Quinta Región y Fenpruss Aconcagua ante la reducción del 2,5% al presupuesto del Ministerio de Salud mediante el Decreto N° 333 del Ministerio de Hacienda, advirtiendo que este recorte representa un golpe devastador a la red de salud pública de Aconcagua.
Afirman que esta determinación afectará directamente a los hospitales, centros de salud familiar (Cesfam) y centros comunitarios de salud mental (Cosam) de las provincias de Los Andes y San Felipe, establecimientos que ya enfrenta una alta demanda asistencial y un sistema profundamente tensionado.
Sobre el particular, Daniel Bartch, presidente de Fenats Nacional Quinta Región, quien días atrás tuvo la oportunidad de estar presente en la Comisión de Salud del Senado en el Congreso Nacional en Valparaíso, manifestó que el impacto económico asciende a un total de $2.047.622.000, lo que perjudicará directamente las prestaciones esenciales para miles de familias del Valle de Aconcagua, ajuste del gobierno que amenaza con aumentar aún más las listas de espera, acrecentar la falta de especialistas y la precarización de las condiciones laborales.
De acuerdo a la información conocida por los dirigentes, los montos del recorte presupuestario corresponden al siguiente detalle: dirección del Servicio de Salud Aconcagua: $298.681.000, Hospital San Camilo de San Felipe: $768.202.000; Hospital San Juan de Dios de Los Andes: $467.462.000; Hospital San Francisco de Llay Llay: $103.365.000, Hospital San Antonio de Putaendo: $54.790.000, Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo: $229.366.000, Cesfam San Felipe El Real: $44.165.000, Cesfam Cordillera Andina: $39.178.000, Cesfam de Llay Llay: $15.226.000; Cosam San Felipe: $15.948.000, Cosam Los Andes: $11.239.000.
Hizo presente que a la fecha estas cifras no han sido socializadas con las organizaciones por parte del Servicio de Salud Aconcagua y tampoco el estado actual de liquidez presupuestaria.
“No podemos permitir que el Ministerio de Salud siga intentando transmitir una falsa sensación de normalidad, mientras los hospitales funcionan al límite y las comunidades esperan respuestas concretas. Este recorte golpea directamente a los pacientes, pero también a los trabajadores que hoy sostienen un sistema abandonado y sin respaldo real del Estado”, sostuvo Bartch.
Asimismo, criticó duramente el discurso impulsado por los ministros de Hacienda y de Salud, acusando una desconexión absoluta con la realidad que viven los territorios.
“La frase ‘a veces uno, con menos recursos, hace más’ es una burla para Chile y especialmente para el Valle de Aconcagua, ya que cada vez que se reducen recursos en salud se profundiza la agonía de un sistema que ya se encuentra colapsado. Hoy el Gobierno pretende maquillar cifras mientras las personas esperan meses e incluso años por una cirugía o una atención digna, cuando el promedio de espera para una cirugía es de 289 días”, sostiene.
Por su parte, Claudia Tapia, presidenta de Fenpruss Aconcagua, señaló que la reducción presupuestaria también impactará gravemente la compra de medicamentos, insumos hospitalarios, infraestructura, proyectos de inversión y contratación de personal.
“Cuando se recorta el presupuesto en salud no se afecta a un número, sino que la vida de las personas. Habrá menos capacidad de atención, más demora en cirugías, más sobrecarga laboral y un deterioro aún mayor en la calidad del servicio que recibe la comunidad”, afirmó la dirigenta gremial.
Ante el inquietante e incierto panorama, la Fenats Nacional Quinta Región y Fenpruss Aconcagua hicieron un llamado urgente a las autoridades a revertir el recorte y transparentar el verdadero impacto que tendrá en las comunidades.
Las organizaciones recalcaron que el ajuste nacional de 417 mil millones de pesos no sólo debilita la salud pública, sino que abre aún más espacio a la privatización del sistema, dejando a miles de familias en una situación de incertidumbre y abandono.
“La salud pública del Valle de Aconcagua está en riesgo y no vamos a guardar silencio frente a decisiones que condenan a nuestras comunidades a mayor precariedad y sufrimiento”, concluyeron los dirigentes gremiales.
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