Cada inicio del año escolar debiera ser la oportunidad para que niñas, niños y jóvenes enfrenten con entusiasmo y dedicación nuevas experiencias de aprendizaje a través de trayectorias formativas que impliquen un continuo en su formación personal y académica. Sin embargo, los graves hechos de violencia que han afectado a comunidades escolares las últimas semanas han generado un debate social, en donde diversos actores elevan sus voces planteando diversidad de soluciones. Lo anterior, es un problema de larga data que como educadores especialmente de niveles educacionales básico y medio, hemos buscado y esperado con cierta resignación respuestas institucionales inciertas, imprecisas y vacilantes frente al problema.
Al respecto, la política pública llamada “Ley Aula Segura” N° 21.128 vigente a partir del año 2018, otorga facultades extraordinarias a los directores para expulsar o suspender (por un máximo de 10 días) a estudiantes que cometan faltas gravísimas, por ejemplo; porte de armas, uso de artefactos incendiarios o agresiones físicas graves. Una medida con foco punitivo, que pretende erradicar la violencia escolar tanto en establecimientos municipales, subvencionados y particular pagado.
Recientemente ha sido promulgada la Nueva Ley de Convivencia Escolar N°21.809, que establece un nuevo marco legal que establece obligaciones que promueven pasar de un enfoque reactivo y sancionador a uno preventivo y formativo. Con el propósito de garantizar la erradicación del acoso, la discriminación y la violencia promoviendo ambientes propicios para la enseñanza y el aprendizaje, enfatizando la profesionalización de la convivencia escolar, la protección de docentes y asistentes de la educación, asimismo velar por el bienestar socioemocional de la comunidad escolar. Esta normativa también faculta a sostenedores para instalar pórticos detectores de metales.
El Ministerio de Educación, anunció días atrás con el fin de complementar la nueva ley N°21.809, el llamado Proyecto de Ley de Emergencia, cuyo punto más controversial es modificar el reglamento actual de la Superintendencia de Educación, que impide las revisiones de mochilas y bolsos.
Como educadora, puedo entender que con el afán de solucionar la violencia en las aulas se propongan medidas extremas frente al problema que estamos evidenciando, no obstante, preocupa que la instalación de pórticos, las sanciones punitivas y la revisión de mochilas, se conviertan en el centro de las propuestas y la discusión, olvidando que los colegios no son espacios carcelarios. Es necesario comprender que la capacidad de convivir con otros, debe darse en lugares de confianza y construcción colectiva.
En consecuencia, la gravedad de los hechos, no debieran hacernos perder de vista que la educación de nuestras niñas, niños y juventudes son el centro de preocupación, promoviendo el diálogo constructivo, el desarrollo de pensamiento crítico y de procesos de autonomía y autorregulación. La violencia escolar es reflejo de nuestra sociedad, por tanto, es impensable que este tipo de conflicto sea resuelto por medidas diseñadas para calmar la ansiedad pública, pero que no resuelven la raíz del problema.
Se requiere del compromiso de padres, madres, apoderados, comunidad en general y una clase política que vaya más allá de evitar que las armas ingresen al aula. Se trata de desarmar la violencia que habita en el tejido social y emocional de nuestras familias y ciudadanía como caminos para recuperar el respeto, el buen trato y el desarrollo de valores que la sociedad ha dejado de promover en nuestros niños, niñas y jóvenes.
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