La entrada de una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” -anunciada por la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch)- reabre el debate sobre competencia y diseño institucional. La evidencia internacional muestra que ampliar la oferta no garantiza mejores resultados. En Suecia, al liberalizar la elección de fondos, muchos afiliados con menor educación financiera terminaron en gestores caros y de bajo retorno. En México, pese a una regulación estricta, persisten administradoras ineficientes que en otros mercados habrían salido.
Un modelo cooperativo o sin fines de lucro puede funcionar -Canadá y Suiza lo demuestran-, pero sólo cuando existe gobernanza profesional, gran escala y mecanismos que incorporan preferencias de inversión, como criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las empresas donde participan. Sin esos pilares, la forma jurídica no asegura mejores pensiones.
Los que administran ahorros de terceros lo saben: administrar ahorro previsional exige escala, buena gestión de riesgos y sofisticación en la construcción de portafolios. Una AFP de trabajadores que no alcance eficiencia operativa, o que privilegie activos con menores premios por riesgo en nombre de los criterios ESG, podría generar retornos insuficientes que no compensen menores comisiones.
La competencia es bienvenida, pero un actor estatal o cooperativo que no se rige por reglas de mercado, sólo será creíble si garantiza gobernanza sólida y gestión técnica rigurosa que, más allá de costos bajos, resguarde efectivamente la rentabilidad de sus afiliados.
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