LOS ANDES (08/01/2026).- La Contraloría General de la República (CGR), a través de su página web, informó que durante el periodo 2025 se identificaron 35 casos de personas con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad desempeñando funciones en instituciones públicas a nivel nacional, entre estas la Municipalidad de Los Andes.
Esto implica una relación directa y habitual con niños, niñas o adolescentes incumpliendo la normativa vigente y comprometiendo la protección de derechos fundamentales.
La CGR hace presente que conforme al 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC) también revela que, entre 2020 y agosto de 2025, 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad ejercieron o ejercen cargos con contacto directo y habitual con estos. En total, 72 instituciones del Estado contrataron personas inhabilitadas.
Entre estas figuran municipalidades, Servicios Locales de Educación Pública, corporaciones municipales de Desarrollo Social, Cultural, Educación, Salud, Deportes y Recreación, Servicios de Salud y hospitales.
Agrega la Contraloría que la normativa, en sus artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, establece inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores, obligación que las instituciones deben verificar mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación.
En virtud a estos antecedentes, la CGR instruyó que las entidades que actualmente mantienen vínculo jurídico con personas con inhabilitación absoluta perpetua en la materia, deberán dar inmediato cumplimiento a la normativa citada.
Para tal fin tendrán que considerar lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Nº 18.575, tanto respecto de las remuneraciones pagadas a la persona inhábil como de las responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en su nombramiento.
Además, deberán iniciar el procedimiento disciplinario respectivo para determinar las responsabilidades administrativas por el incumplimiento del anotado artículo 6 bis del Decreto Ley Nº 645, de 1925, remitiendo el acto administrativo que inicia dicho sumario.
Finalmente, se hace presente que ambas acciones deberán ser reportadas en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas de esta Contraloría General de la República, en el plazo de 5 días hábiles.
Reacciones del alcalde y concejales
En relación a esta situación, el alcalde Manuel Rivera, en la sesión del Concejo Municipal, señaló que hasta el miércoles el municipio no había recibido un informe oficial por parte de la Contraloría General de la República y por dicha razón no se iba a referir mayormente al tema.
“Están instruyendo hacer las investigaciones sumarias por eventuales responsabilidades de los funcionarios que estaban a cargo de este control, que tiene que ver con algo obvio, de personas que por la justicia están inhabilitadas de trabajar con niños y adolescentes. Según lo que ha trascendido, el 99% son personas que trabajan en Educación y Salud, llámese profesores, inspectores, asistentes de la educación”.
Aseguró que en el municipio “nunca hemos tenido un tema (relacionado) a propósito de la Oficina Local de la Niñez, donde hacemos controles exhaustivos”.
No obstante, el jefe comunal indicó que este caso podría darse en atención a que durante el periodo 2020 a 2025 “uno pudo haber contratado a alguien por reemplazo, que no exige nada, y al momento de la contrata después aparece algún tema de tipo judicial, pero mientras no tengamos un nombre como administración no tenemos ninguna posibilidad de saber, pero una vez que tengamos esa información se las voy a transparentar”, les expresó a los concejales.
A su vez, la concejala Marianella Benavides calificó el informe de la Contraloría como “un hecho grave, sea una, cien o mil las personas que están transgrediendo la norma al momento de tener contacto con niños y adolescentes, y que están en un registro donde aparecen inhabilitados. Me parece, por así decirlo, novedoso que usted alcalde sostenga en este espacio que no ha recibido ninguna información, porque está”, agregando que por su parte solicitará “toda la información pertinente para esclarecer este hecho que es, insisto, recalco y subrayo, grave”.
De igual modo, el concejal Mario Méndez afirmó que lo develado por la CGR “es una cuestión gravísima, donde hace un cruzamiento de la información respecto de estas inhabilidades que afectan a ciertas personas que no pueden ejercer actividad pública o de cercanía a niños y adolescentes, que aquí lamentablemente ocurrió y por lo tanto debe ser aclarada”.
Señaló que se está estudiando cuál es el caso “y obviamente lo que corresponde, primero, es la desvinculación inmediata y, por otro lado, adoptar las medidas administrativas para establecer por qué paso esto y no se generaron los filtros adecuados para que la información de aquellas personas que tenían la responsabilidad de hacer esas contrataciones no supieran, no se enteraran o fueran diligentes”.
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