El 1 de noviembre comenzó en Chile la veda para la publicación de encuestas. Una medida que, aunque cuestionada por las empresas del rubro, invita a una reflexión más profunda sobre el rol que están jugando los estudios de opinión en nuestra democracia.
Porque si bien las encuestas son una herramienta legítima de investigación social —y, bien utilizadas, contribuyen a conocer las percepciones ciudadanas—, también es cierto que en los últimos años hemos asistido a una preocupante “encuestitis”: una dependencia excesiva de los sondeos como termómetro único de la política.
El problema no está en medir, sino en cómo se mide y cómo se interpreta. Algunas firmas, en su afán de mostrar resultados concluyentes, han transformado la duda en decisión por arte de modelación. Los indecisos son redistribuidos, los márgenes se ajustan y las cifras se presentan como una fotografía nítida del electorado. Pero esa imagen, en realidad, está retocada, sin las sombras ni matices que expresan la verdadera complejidad del voto.
Las encuestas dejaron de ser sólo un instrumento técnico: se han convertido en un dispositivo de poder, capaz de influir en las percepciones de viabilidad de los candidatos y en la conducta de los votantes. Cuando los estudios de opinión sustituyen la deliberación democrática por un atajo cognitivo —“voto por quien va ganando”—, el riesgo no es menor: terminan moldeando la realidad que dicen describir.
Por eso, la veda no debería entenderse como una censura, sino como una pausa saludable. Un momento para recuperar la conversación política, para que los ciudadanos decidan sin el ruido de los porcentajes y los titulares. Porque la democracia necesita encuestas, sí, pero más necesita ciudadanos que piensen por sí mismos.
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