La evidente y dañina polarización política que atraviesa Chile es hoy uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento de nuestra democracia. Los partidos políticos parecen haber perdido la capacidad de alcanzar consensos amplios y transversales – me refiero a políticas de Estado perdurables en el tiempo - que prioricen el bien común por sobre intereses particulares o ideológicos. Esta incapacidad no solo tensiona el siempre necesario debate, sino que también erosiona la confianza ciudadana, desincentiva la participación y debilita la legitimidad de nuestro ya defectuoso sistema democrático.
El reciente debate presidencial organizado por Chilevisión, sumado al clima previo al mismo con dimes y diretes de uno a otro candidato/a, fue una muestra clara de aquello: más que un espacio de propuestas y acuerdos predominó la permanente confrontación “destructiva”, la falta de una visión común y la ausencia de políticas capaces de trazar un camino claro para el país. El tono utilizado, los lenguajes y las descalificaciones entre candidatos/as reflejan comportamientos que no solo van en contra del espíritu democrático, sino que tampoco contribuyen a fortalecer nuestra convivencia ni a robustecer las instituciones. Si el actuar de nuestros “líderes” es así, ¿Qué podemos esperar del ciudadano común?
En mi rol de profesor de Educación Ciudadana, y en el marco de un ciclo de análisis de las propuestas de los diversos candidatos presidenciales 2025, surgió junto a estudiantes de tercero medio una idea que consideramos podría resultar especialmente significativa: la necesidad de generar consensos desde el inicio de cada ciclo presidencial. La propuesta plantea establecer un plebiscito ciudadano vinculante previo a cada elección, en el cual la ciudadanía defina las tres áreas prioritarias para el desarrollo del país. Estas prioridades, fijadas directamente por los ciudadanos, se transformarían en políticas de Estado obligatorias para cualquier gobierno electo, sin importar su color político. De este modo, el presidente o presidenta y su equipo de trabajo asumiría un mandato claro en torno a consensos nacionales fundamentales, asegurando continuidad y estabilidad, pero manteniendo a la vez la posibilidad de imprimir su propio sello en otras dimensiones de la gestión pública. Ámbitos como economía, seguridad, salud, educación o pensiones podrían formar parte de estas prioridades. Se trataría, en definitiva, de un mandato ciudadano que oriente con claridad los recursos (presupuesto) y esfuerzos desde el inicio de cada gobierno.
Si realmente aspiramos a una democracia más sólida - y no a meros discursos populistas que buscan captar votos - debemos ser capaces de acordar desde el inicio cuáles son las prioridades comunes, en lugar de reiniciar permanentemente discusiones fundamentales. Solo así podremos superar la lógica de las políticas de corto plazo y avanzar hacia un proyecto de país que trascienda los cuatro años establecidos por la Constitución Política vigente.
Que esta reflexión haya nacido en una sala de clases no es un detalle menor. ¿Por qué? Demuestra que los y las jóvenes comprenden la urgencia de acuerdos de largo plazo y que su mirada crítica puede abrir caminos que la política institucional parece haber olvidado. Escucharlos es, sin duda, una oportunidad para revitalizar nuestra democracia y perfeccionarla desde las mismísimas bases de la sociedad.
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