En un nuevo aniversario de la Ley Antidiscriminación tenemos la oportunidad para evaluar su impacto y desafíos. La legislación vigente mantiene un enfoque reactivo que dificulta el acceso a la justicia, debido a plazos acotados para presentar denuncias y la carga probatoria mayormente impuesta a las víctimas. Este marco no responde a la complejidad de la discriminación, que afecta transversalmente a personas LGBTIQ+, mujeres, personas mayores y con discapacidad, entre otros grupos vulnerables.
La reforma que actualmente se discute en Comisión Mixta ofrece un cambio de paradigma con medidas que amplían los plazos legales, eliminan sanciones a quienes denuncian y establece indemnizaciones para las víctimas. Además, la creación de un Consejo de Igualdad y No Discriminación fortalecerá la articulación intersectorial y la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas.
Dada la persistencia de las desigualdades y exclusiones, resulta imprescindible que esta reforma avance sin dilaciones, asegurando una legislación efectiva que proteja la diversidad y promueva la igualdad real en Chile.
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