En plena revolución digital, millones de personas continúan resolviendo trámites que dependen de la presencialidad, el papel y la firma manuscrita. Sin embargo, también es cierto que la pandemia comenzó a cambiar el enfoque. Debido a la contingencia, un número no menor de chilenos comenzó a disfrutar de los beneficios que ofrece la firma electrónica, regulada por la Ley 19.799. Hablamos de más de un millón de firmantes únicamente en firmavirtual.legal.
Junto con ello, la figura del notario —lejos de volverse obsoleta— se reafirmó. Y es que el ministro de fe hace mucho más que estampar una rúbrica: entrega garantía jurídica, protegiendo a ciudadanos, organizaciones y al mismo Estado de fraudes y controversias. En este sentido, ningún sistema automatizado puede reemplazar a quien constituye un pilar fundamental del derecho registral, lo que no quita que deba modernizarse y responder a los desafíos de la era digital.
Ciertamente, el costo de los servicios notariales ha generado legítimas tensiones, pues, las tarifas fijadas por decreto en 1998 no reflejan la realidad económica del año 2025. En un país donde contratos, arriendos y salarios se calculan en UF, no parece razonable que los notarios operen con valores establecidos hace 27 años, en pesos.
El debate es válido. Pero, debe hacerse seriamente, sin populismo ni caricaturas, procurando mejorar la profesionalización y la digitalización de quienes garantizan la veracidad de tantos documentos públicos y privados. En este sentido, hay que reconocer que no son pocos los notarios que avanzan a paso firme hacia la transformación digital al autorizar, protocolizar y certificar documentos en línea, cumpliendo con toda la normativa vigente, pero de manera más eficiente y accesible para todos.
Igualmente, para aquellos actos en los que la ley exige la presencia del ministro de fe, como es el caso de una escritura de compraventa, los notarios han jugado un rol indispensable. Muchos incluso se trasladan hasta los domicilios de personas con movilidad reducida; o visitan a quienes están privados de libertad para que puedan hacer aquellos trámites puntuales que exigen la firma ante su presencia.
No se trata, entonces, de eliminar a los notarios sino reconocerlos como pieza estratégica del sistema registral. La firma electrónica, debidamente regulada en Chile, permite simplificar procesos sin perder la validez jurídica de cientos de documentos. La tecnología no vino a amenazar la fe pública, sino a fortalecerla dándole más seguridad y trazabilidad.
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