Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha para reflexionar sobre los avances en la lucha contra esta enfermedad, pero este año en Chile se impone otra urgencia: denunciar el impacto devastador que tendrá la reciente actualización del Listado de Drogas de Alto Costo (DAC) en miles de pacientes.
Tras tres años sin cambios, la nueva versión del listado, en lugar de ampliar el acceso a medicamentos esenciales, ha impuesto restricciones adicionales que limitan gravemente las opciones terapéuticas disponibles en el sistema público de salud.
Estas modificaciones no responden a criterios médicos ni a la necesidad de garantizar tratamientos efectivos, sino a una lógica presupuestaria que deja en segundo plano la vida y el bienestar de quienes más dependen del sistema. La decisión de permitir solo una droga por indicación médica, sin considerar las características específicas de cada paciente, contradice los principios de la medicina personalizada. No todos los pacientes responden de la misma manera a un medicamento, y en muchos casos, existen opciones más adecuadas según el perfil clínico de cada persona. Sin embargo, con esta nueva resolución, quienes dependen del sistema público deberán conformarse con una única alternativa, sin importar si es la más efectiva para su condición.
Esto no sólo compromete los tratamientos, sino que también incrementa la incertidumbre y el sufrimiento de quienes enfrentan enfermedades graves como el cáncer. En un día en el que el mundo reafirma su compromiso con la lucha contra esta enfermedad, Chile da un paso atrás, profundizando la desigualdad entre el sistema público y el privado. Mientras quienes pueden costear su tratamiento acceden a múltiples opciones terapéuticas, los pacientes del sector público quedan limitados a la alternativa más económica, sin considerar su efectividad. Esta decisión refuerza la idea de que en Chile la calidad del tratamiento depende del bolsillo del paciente, perpetuando una brecha que condena a miles de personas a recibir cuidados insuficientes.
Las consecuencias de estas restricciones no solo son médicas, sino también humanas y éticas. Cada paciente es un individuo con una historia, una familia y una esperanza de vida que no puede depender de un cálculo financiero. Las decisiones económicas de corto plazo generan impactos de largo plazo en la salud de la población, debilitando la confianza en el sistema de salud y aumentando el dolor de quienes ya enfrentan condiciones adversas. La falta de acceso a tratamientos innovadores no solo afecta la posibilidad de recuperación, sino que también atenta contra la dignidad de los pacientes, que se ven reducidos a estadísticas en una tabla de costos.
Frente a esta realidad, como asociación, nos hemos movilizado para exigir cambios urgentes. La marcha “Chile Unido por el Cáncer”, reuniones con parlamentarios y múltiples intervenciones en medios de comunicación nos han permitido poner en evidencia que este problema no puede seguir siendo ignorado. La respuesta del Gobierno, sin embargo, ha sido el silencio y la falta de voluntad para revisar una decisión que afecta a miles de personas. La indiferencia ante el sufrimiento de los pacientes y sus familias es inaceptable.
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