Hoy, más de 200 mil extranjeros enfrentan una alarmante precariedad jurídica, atrapados en la informalidad y la clandestinidad administrativa, lo que favorece únicamente a la explotación laboral y al crimen organizado. Esta situación afecta tanto a los migrantes como a nuestra sociedad, perpetuando exclusión, inseguridad y brechas de cohesión social que amenazan volverse estructurales.
Es urgente implementar un proceso de regularización masiva, no como una concesión, sino como una herramienta estratégica para ordenar el sistema migratorio. Regularizar significa identificar a quienes hoy están al margen del sistema, reducir los riesgos de informalidad y facilitar su integración al mercado laboral formal, generando ingresos tributarios y previsionales que refuercen servicios esenciales como salud, educación y pensiones.
Esta medida, si están bien diseñada, contribuye a mitigar prejuicios, fomentar la convivencia y fortalecer la cohesión social. Aunque algunos temen que este proceso incremente los flujos irregulares, la evidencia demuestra que, acompañada de controles fronterizos efectivos, campañas informativas en países de origen y cooperación internacional, estas iniciativas no provocan ese efecto.
Para garantizar su legitimidad, el proceso debe ser transparente y condicionado a requisitos claros, como arraigo, vínculos laborales y la ausencia de antecedentes graves. La propuesta anunciada por el Subsecretario Cordero representa un liderazgo valiente y responsable, especialmente tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional que despeja el camino para avanzar en esta dirección.
Esta es una oportunidad histórica para reconocer en la migración un motor de desarrollo e integración, demostrando que en Chile se puede afrontar desafíos con sentido de Estado.
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