LOS ANDES (28/11/2024).- Profesores, asistentes de la educación, profesionales de la FENATS Nacional, técnicos paramédicos del Hospital San Juan de Dios y funcionarios municipales adhirieron este jueves en Los Andes al paro nacional por 24 horas en defensa del empleo público y la estabilidad laboral, convocado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y las organizaciones que conforman la Mesa del Sector Público.
Durante la mañana se realizaron asambleas, manifestaciones y una marcha por el centro de la ciudad de Los Andes, esta última en la que participaron funcionarios de la salud y del municipio.
La movilización llevada a efecto es por el rechazo al cambio en el principio de “legítima confianza” dictado por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, que según lo expuesto por las dirigencias sindicales pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de funcionarios públicos a contrata.
Asimismo, por las demandas de la Mesa del Sector Público en relación al pleno cumplimiento de la agenda laboral, en temas relacionados a la reducción de la jornada laboral a 40 horas, legislación de una ley de teletrabajo en el Estado y el incentivo al retiro, entre otras materias.
Otro punto es la exigencia al gobierno de un reajuste salarial real y digno con un piso de un 3% por sobre el IPC acumulado anual.
Es por eso que través de esta paralización nacional se ha llamado al gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos con las asociaciones afiliadas y, en particular, a lo referido al fortalecimiento institucional, lo que proyecta un mejoramiento laboral y un perfeccionamiento en el servicio que se entrega a diario a la ciudadanía.
Viviana Quiero, presidenta del Colegio de Profesores comunal Los Andes, cuestionó el dictamen de Contraloría en el tema de la “legítima confianza”, por cuanto “es una situación que nos está afectando a nivel general. Eso significa que el trabajador que lleva dos años en el sistema puede ser despedido sin poder apelar a nivel de Controlaría, sino que va a tener que ir directamente a tribunales con todo lo que eso significa, como el pago de profesionales, tiempo y no que sea un dictamen positivo. Lo consideramos un retroceso desde el punto de vista del trabajo y del inicio laboral de personas que ven en el Estado la posibilidad de hacer carrera”.
Respecto a la negociación del porcentaje de reajuste, planteó que ojalá sea considerados “porque el costo de la vida ha subido enormemente. En el contexto más local, también se relaciona al tema de la precarización laboral, ya que es importante que la gente sepa que el Estado a veces no es tan buen empleador como nosotros quisiéramos”.
Por su parte, Daniel Bartch, secretario general de la Confederación FENATS Nacional, lamentó que la determinación de la contralora nacional “pone en riesgo la estabilidad laboral y continuidad del trabajo decente”.
También indicó que se debe tener el reajuste correspondiente por la pérdida del poder adquisitivo “y que la Mesa del Sector Público ha puesto sobre el pliego de negociaciones un 4,5%, por ende, nuestro reajuste salarial tiene que ver con un 7,5%, y esperamos que pudiese ser efectivo para el gobierno”.
Hizo presente que en el caso de la FENATS y en particular sobre los centros de salud comunitaria es importante el reconocimiento a la especialidad como referencia en atención de psiquiatría, además de visualizar que los trabajadores y funcionarios de la salud necesitan tener mayores resguardos en el ámbito personal y frente a agresiones.
En tanto, Álvaro Lara, presidente de ASEMUCH Los Andes, también recalcó que la estabilidad laboral “está corriendo un riesgo muy complejo tras un dictamen que emite la Contraloría respecto a la legítima confianza y otras demandas que, lamentablemente, no se han cumplido. Van cerca de dos años en que se ha realizado mesas técnicas que no han tenido ningún tipo de avance tangible y eso nos mantiene movilizados a nivel nacional”.
Dijo que tras este paro nacional esperan ser escuchados “tanto en el parlamento como por parte del gobierno, ya que nos han tratado de muy mala forma a los funcionarios públicos. Las demandas que levantamos son justas y queremos que los compromisos que fueron parte de las conversaciones se puedan ir concretando, para no mantenernos en estado de aleta o tener futuras movilizaciones”.
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