La primera de tres alzas en las tarifas de energía eléctrica comenzó a regir este mes. Se trata de una medida que de inmediato generó repercusiones sociales y políticas, pero que, sin embargo, aún no está completa, pues se prevé incrementos entre 2024 y 2025. Las estimaciones iniciales sugieren que este primer aumento podría situarse entre un 30% y un 50%. Ante esta situación resulta crucial entender los factores que han llevado a este aumento y evaluar las posibles soluciones propuestas por el gobierno.
Aquí quizás es necesario repasar algunos aspectos básicos. El mercado eléctrico en Chile se caracteriza por ser un monopolio natural, regulado por organismos como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC y el Ministerio de Energía. Existen barreras de entrada importantes para su gestión, como la inversión y la necesidad de tener un número relevante de clientes para que el negocio sea rentable para los distintos actores, lo que hace más conveniente tener una menor cantidad de oferentes.
Otro aspecto a destacar es que se divide en tres grandes eslabones: la generación, la transmisión y la distribución. La generación, que representa aproximadamente el 70% del costo final y está a cargo de empresas que producen electricidad mediante diversas fuentes como agua, viento, sol y carbón. La transmisión, que aporta un 20% al costo final, se encarga de llevar la energía desde los puntos de generación hasta las ciudades. Por último, la distribución, que representa solo el 10% del costo, lleva la electricidad directamente a los hogares.
El problema de las tarifas eléctricas se originó a finales de 2019, durante el estallido social. Con el objetivo de evitar un aumento proyectado del 10%, el gobierno del presidente Piñera implementó un mecanismo para estabilizar los precios de la energía, congelando las tarifas por varios años. Sin embargo, esta medida creó una deuda del Estado con las generadoras de electricidad que rápidamente superó los límites establecidos. En primera instancia, esta deuda no podía superar los 1.350 millones de dólares.
El gobierno actual, bajo la administración del presidente Boric, ha intentado manejar la situación mediante un nuevo decreto tarifario que volvió a congelar las tarifas y elevó la deuda hasta los 5.500 millones de dólares. No obstante, mantener congeladas las tarifas a largo plazo ya no es sostenible económicamente y podría tener consecuencias más graves.
Se estima que unos 5 millones de hogares serán afectados por esta variación, por lo que el gobierno ha propuesto aumentar la cobertura del subsidio eléctrico dirigido a las familias de menores ingresos como medida política y económica. El beneficio pretende ir en ayuda de 1,5 millones de clientes, pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares. Sin embargo, este aumento también afectará a las empresas e industrias, que verán incrementados sus costos operativos. Estos costos adicionales probablemente se trasladarán a los precios finales, impactando nuevamente a las familias.
Teniendo esto en cuenta, es fundamental buscar una solución integral que aborde tanto los factores internos como externos que contribuyen al aumento de las tarifas, asegurando al mismo tiempo una financiación adecuada para los subsidios sin descuidar otras necesidades del país y prepararse para el proceso que vendrá en las próximas alzas.
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