Con profunda preocupación conocimos el caso de la directora de la residencia Quillahua de Paicaví, quien fue detenida por Carabineros tras negarse a recibir en el recinto a una adolescente con necesidades de mayor especialización, en un intento por resguardar el cuidado de la misma adolescente y de las demás residentes.
Es cierto que las residencias mantienen un problema de sobrepoblación, debido a la falta de oferta del servicio. Sin embargo, lo ocurrido en Paicaví demuestra un problema mucho más profundo: la obligación de recibir Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), que presentan necesidades de alta complejidad en materias de salud mental, adicciones, entre otras y para las cuales, las residencias actuales no están preparadas.
Y mientras esto sucede, la crisis se agrava y continúan las promesas sin cumplir: el año 2023 de las 5 residencias de administración directa comprometidas, se abrieron sólo 2. Y este año se les traspasó recursos al Servicio, para abrir 7 nuevas residencias de administración directa. Pero se necesitan más de 50 residencias para cubrir los sobrecupos y listas de espera.
No necesitamos más diagnósticos. Necesitamos que exista una voluntad política real. Tal como se planteó recientemente en la comisión de desarrollo social de la Cámara, vemos necesario la creación de un comité de crisis en el servicio, que integre la mirada de distintos actores, para que por fin el Estado en su conjunto reaccione y pueda darles prioridad a los niños, niñas y adolescentes.
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