En agosto se cumplen 25 años de nuestra anquilosada Ley No. 19.628, sobre protección de la vida privada, y en diciembre se cumplen 15 años desde que fuimos aceptados a la OCDE. Pese a ser un compromiso pendiente al sumarse a esta institución, todavía no hemos podido aprobar una reforma integral a nuestro régimen de protección de datos personales.
El proyecto de ley en el Congreso Nacional necesita sólo una sesión más de la comisión mixta para poder ser despachado a cada Cámara para su votación final. No obstante, sigue parado sin avanzar.
Cuando hay un diagnóstico compartido en la necesidad de reformar desde la academia, la sociedad civil y las empresas, no es posible entender por qué sigue la demora y todavía no aprobamos la reforma. Esto simplemente genera desprotección en los derechos de las personas y mantiene la incertidumbre jurídica.
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