Según datos de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al 2022 más de 120 millones de personas viven en pobreza en esta región del continente. Se agrega a esto que América del Sur es el continente más desigual del planeta y la enorme existencia de mercados informales en nuestras economías. Esto es un tremendo factor de riesgo para que nuestros países logren desarrollo en todos los ámbitos.
En estas latitudes existen escasas iniciativas para la reinserción social; por lo mismo, ha cobrado más fuerza el ingreso del crimen organizado en nuestros territorios. Si sumamos los altos niveles de corrupción de las instituciones solo puede haber crisis.
En Chile el crimen organizado avanza y gana lugar en los territorios más vulnerados de nuestra sociedad. Esto es un fenómeno muy complejo y que tiene factores múltiples que se encuentran interrelacionados, de los cuales hay tres que son de especial importancia para la opinión pública: El primero son los factores socioeconómicos, la desigualdad y la pobreza, que conlleva la falta de oportunidades que necesitan las personas para integrarse a la sociedad, y participar de manera normal en las actividades económicas del país; el segundo son los altos niveles de desempleo en la juventud, que potencia que el crimen organizado sea una “oportunidad” para poder ganar dinero y sentirse incluidos dentro de estas organizaciones ilícitas; el tercer elemento es la corrupción que pueden padecer tanto, nuestras fuerzas policiales, como nuestro poder judicial.
El crimen organizado tiene como estrategia permear las instituciones que deben velar para detener y judicializar los delitos de estas bandas. Se hace muy necesario desde el Estado no solo aumentar los recursos a estas instituciones sino también capacitarlas con estrategias poderosas para enfrentar eficazmente al crimen organizado.
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