El uso ético de los datos personales ha estado en boga desde la revolución tecnológica que hemos podido observar durante los últimos años. Por esto, el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Chile, actualmente en su fase final en el Congreso chileno, cobra una relevancia sin precedentes y viene a ponernos al día en un tema que estaba relegado hace mucho.
Esta iniciativa legal, presentada durante el segundo mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet y que lleva más de una década en discusión, busca ponernos al día como país en esta materia, con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, con un objetivo claro: garantizar que los datos personales de los ciudadanos sean tratados de manera ética, transparente y segura por parte de las entidades que los recopilan y procesan.
El impacto de esta ley será profundo y transversal. Las empresas tendrán que adaptar sus procesos y tecnologías para cumplir con los nuevos estándares, lo que implica cambios significativos en la forma en que se manejan los datos de clientes, usuarios e incluso empleados, con multas cuantiosas en caso de generarse incumplimientos de las normas, reflejando la seriedad de esta nueva legislación.
Para una industria tan relevante como la de los Prestadores de Servicios de Certificación (PSC), entidades autorizadas para emitir certificados de firma electrónica avanzada, con el objetivo de certificar documentos realizados a través de medios digitales, la nueva ley presenta tanto desafíos como oportunidades. Por un lado, los PSC ya estamos sujetos a regulaciones estrictas sobre el manejo de datos personales, lo que nos coloca en una posición ventajosa frente a la nueva normativa. Sin embargo, tendremos que asegurarnos que las prácticas actuales se alineen completamente con los nuevos requerimientos.
De hecho, podemos decir que esta ley podría, eventualmente, eliminar del mercado a ciertas empresas que ofrecen servicios de verificación de identidad o biometría sin las salvaguardas adecuadas. Esto abre la puerta para que los PSC que estamos acreditados por el Ministerio de Economía, podamos ampliar la oferta de servicios, aprovechando nuestra experiencia en el manejo seguro y ético de datos personales.
A pesar que algunos ven esta ley como una restricción a la innovación tecnológica, es importante entenderla como una respuesta necesaria a los excesos que hemos presenciado en el uso indiscriminado de datos personales, lo que puede verse día a día en el mercado, donde los datos son moneda de cambio. Este es un intento de equilibrar el péndulo entre la innovación y la privacidad.
Ya era tiempo de transitar hacia una sociedad digital más segura y respetuosa de la privacidad. Ahora, el desafío está en su implementación efectiva y en la capacidad de las empresas y ciudadanos de adaptarse a esta nueva realidad.
Si bien, implicará desafíos de adaptación para muchas empresas, también nos acerca a estándares internacionales de protección de datos. Para los ciudadanos, significa un mayor control sobre su información personal y para las empresas, especialmente aquellas en el sector de certificación digital, representa una oportunidad de diferenciación y de ganar la confianza de los usuarios a través de prácticas éticas y transparentes.
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