El proyecto de ley de 40 horas en lo esencial se traduce en una modificación del código del trabajo que reduce la jornada de trabajo 45 a 40 horas, considerando cierta gradualidad anual. Sin embargo, parece no considerar que existen funcionarios públicos que se regulan por dicho cuerpo legal por remisión de normas estatutarias, a los cuales se les debería aplicar esta reducción de jornada.
Según DIPRES, en el gobierno central hay cerca de 35.000 funcionarios en esta situación (8%) y en el mundo municipal, si bien son menos (cerca de 1.600), el tema se complica por cantidad de trabajadores de las corporaciones de salud y educación.
Lo cuestionable es que en áreas sensibles como salud y educación, la administración central municipal de esos servicios tendrá una jornada distinta (40 horas) a la que tengan docentes, asistentes de la educación o profesionales de la salud (44 horas), sin que dicha diferencia de jornada tenga algún sustento que impida calificarla como arbitraria e incluso, inconstitucional.
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