Han pasado poco más de cuatro años desde la promulgación de la Ley de Educación Superior, que instauró en nuestro país una política pública de gratuidad universitaria con carácter universal, y que trajo consigo la creación de múltiples instituciones públicas para su implementación, generando muchas nuevas regulaciones para las universidades (públicas y privadas) que se decidieron adscribir.
Posiblemente uno de los aspectos en que mayormente cambió la regulación es en el sistema de acreditación, donde las exigencias han ido subiendo progresivamente, para que desde 2023 sean cinco los campos obligatorios de certificación: docencia y proceso de formación; gestión estratégica y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad; vinculación con el medio; e investigación, creación y/o innovación.
La pregunta para aquellas universidad adscritas, entonces, es: ¿cómo ser sustentable financieramente con todas las nuevas exigencias, que suponen bastantes mejoras y mayor uso de recursos? La respuesta no es una sola.
Sin duda, uno de los primeros aspectos a considerar para mejorar la eficiencia de la gestión, es sumarse con fuerza a la transformación digital, entregando nuevas competencias a los alumnos mediante el uso de las TIC como motor de desarrollo educativo, y desde la otra cara de la moneda, instando a que los docentes actualicen sus métodos de enseñanza, para dejar atrás la mera memorización de la materia, y promover la creatividad, la aplicación práctica y la investigación mediante la tecnología.
Los ajustes en la innovación curricular de las carreras en sentido amplio, por ejemplo, eliminar la duplicidad de asignaturas en los planes de estudios, es una tendencia mundial. Y podría posibilitar –por ejemplo– tener mayor cantidad de alumnos y generar mayor rotación, provocando números azules, y permitir el egreso prontamente de los futuros profesionales al ejercicio profesional y laboral con se consecuente obtención de ingresos.
Fórmulas hay varias, pero el punto es que, ad portas de la aplicación completa de la Ley de Educación Superior, las universidades adscritas a la gratuitad requieren un buen análisis institucional integrado, y especialmente, un estudio de su sustentabilidad financiera, para seguir creciendo como instituciones.
Ser parte de la política pública de gratuidad es positivo, especialmente para las universidades privadas, pues les permite ampliar su base de alumnos y hacerla más diversa, enriqueciendo el proceso educativo y demostrando el compromiso de la institución con el desarrollo del país. Solamente, hay que tener la precaución de hacerlo de manera sostenible económicamente, con todas las asesorías necesarias.
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