En Chile, el 17% de la población tiene discapacidad (2.836.818 personas) y de ellos, el 50% pertenece a los quintiles más pobres, según el estudio ENDISC, 2015. Esto sin considerar que la población ha crecido; hoy se estima que es casi un 20% de la población en situación de discapacidad, es decir cerca de tres millones de personas.
Los datos nos muestran una realidad y claramente el marco legal no es suficiente, el punto es qué hacemos para que la participación de las personas en situación de discapacidad (PSD) en la vida pública tenga reconocimiento real y ello implique una accesibilidad universal en todos sus ámbitos; igualdad de condiciones laborales y contractuales, acceso igualitario a la salud y educación, en definitiva, las mismas demandas que tiene la mayoría de la población.
A su vez, la falta de acceso no es la única barrera que las PSD viven a diario, existe una permanente y sistemática discriminación a la que se ven expuestos por parte importante de la población, discriminación que surge desde un modelo médico-patológico que evidentemente sirve para dominar y oprimir a través del prejuicio que se trata de un sujeto anómalo.
La discapacidad es parte de un espacio social y como tal ha de reconocerse y validarse, es un espacio práctico de existencia en el mundo que le es propia, como cada ser humano en su individualidad, y que nos obliga a replantearnos el lugar desde donde miramos ese espacio social.
En un contexto histórico tan relevante como en el que nos encontramos, ad portas de un nuevo Gobierno, soportando una pandemia que nos llevó a un lado muy oscuro de la vida, con una Convención Constitucional electa democráticamente, y que, dicho sea de paso, con escasa representatividad de esta minoría; es momento de comenzar a pensar una sociedad más equitativa, donde podamos a través de acciones concretas validarnos en el diálogo, la participación y el entendimiento que promueva el respeto por las PSD.
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