Chile tiene hace años una deuda con la salud mental, que se ha acentuado drásticamente en pandemia. El desafío más importante para solucionar este problema es el financiamiento.
A pesar de las recomendaciones de la OMS y la OCDE, sólo un 2% del presupuesto de salud se destina a salud mental, cuando debería ser al menos un 6%. Sólo 1 de cada 5 personas con depresión accedía a tratamiento antes de la pandemia. Durante ella, las atenciones en el sistema público se han interrumpido entre un 60 y 70%, cuando el aumento de la demanda ha sido abrumadora.
A pesar de ello, el primer proyecto presupuestario presentado por el ejecutivo omite escandalosamente esta realidad y vuelve a darle la espalda a millones de chilenos que tendrán que continuar lidiando con la precariedad de un sistema de salud que no da abasto.
Aunque valoramos la incorporación de financiamiento para el Acuerdo Nacional por la Infancia en Atención Primaria y el Programa de Reparación Ocular, estas medidas sólo impactarán a una porción menor de personas con necesidades de salud mental.
Lamentamos que en el presupuesto no aparezca un compromiso claro en esta línea. Nos preguntamos si nuestras autoridades tienen presente que según la Ley 21.331 es ilegal mantener la actual discriminación al acceso a tratamientos de salud mental en el sistema público.
Confiamos en que esta grave situación sea corregida por el ejecutivo al asignar los ítems específicos para salud mental o, en su defecto, los parlamentarios puedan revertir esta nefasta negación.
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