Este fin de semana nuevamente se han escuchado voces a través de los medios de comunicación respecto a la necesidad de derogar la ley reservada del cobre, planteamiento que se viene escuchando desde la vuelta de la democracia a partir del año 1990, y que en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet, culmino con el envió al congreso de un proyecto de ley para sus derogación, iniciativa que no prospero, sin embargo, durante el mandato del Presidente Piñera, nuevamente se reflota esta iniciativa, la cual tampoco se concreta, volviendo la arremetida en este segundo periodo de la Presidenta Bachelet, y aprovechando la coyuntura como muchas otras acciones que se han generado en el sector de la minería, aduciendo la baja precio del cobre, y la falta de financiamiento de los proyectos estructurales del actual gobierno, entra a discusión nuevamente la necesidad de derogar la ley reservada del cobre.
Muchos plantearan que la derogación de la ley reservada debiera haberse ya promulgado, especialmente aquellos sectores que analizan el tema solo desde un punto de vista ideológico o economicista de corto plazo, planteando que el financiamiento de las fuerzas armadas debe efectuarse de la misma manera como se presupuestan otras carteras de las instituciones del estado, arguyendo también la idea respecto al rol que cumplieron las fuerzas armadas en tiempo de la dictadura militar.
Sin embargo aunque parezca una paradoja, este sector pareciera no entender que el mayor obstáculo para los privatizadores de Codelco desde que el Presidente Salvador Allende Nacionalizo la Gran Minería del Cobre el año 1971, son las fuerzas armadas, y la prueba más concreta fue durante el gobierno de Pinochet, cuando dentro de las propias fuerzas armadas hubo hombres valientes y con sentido patriótico que se atrevieron a defender el Codelco Estatal, como los fueron los Generales de Ejercito Gastón Frez Arancibia y el General Luis Danús, quienes se enfrentaron a los ideólogos del sistema económico imperante de la época y precursores del neoliberalismo en Chile, como fueron Pablo Barahona, Miguel Kast, Sergio De castro, Guillermo Kelly, Fernando Leniz entre muchos otros, quienes a principio de los 80 pretendían devolver a manos de las transnacionales el cobre chileno, justificando para ello la obtención de recursos económicos inmediato para enfrentar la crisis de esos años. Me pregunto ¿ Que hubiera pasado si en ese entonces Codelco Chile hubiese sido vendido a las transnacionales , más aún cuando desde su nacionalización ha entregado más de US$ 120 mil millones de dólares al país, los cuales han servido para financiar proyectos sociales para los más pobres de nuestro país?
No obstante ello los fundamentos que escuchamos cada cierto tiempo en relación a derogar la ley reservada del cobre, principal obstáculo para privatizar el sueldo de Chile, van desde el punto de vista económico, político, ideológico, seguridad nacional, etc.
Es así que en estos días y tal como lo deja entrever el reportaje de CNN Chile este fin de semana en el Programa ¨ Viaje al Centro de la Noticias ¨, se resalta gráficamente los montos del aporte a las fuerzas armadas a través de la ley reservada de cobre, que desde el año 1996 al 2015, han sido alrededor de US$ 17 mil millones dólares, montos de los cuales según se indica en este mismo reportaje, existen alrededor de US$ 4.700 millones dólares sin usar, planteándose incluso que parte de esos recursos podrían destinarse a la construcción de hospitales, especialmente cuando esta la discusión de falta de recursos en el presupuesto del sistema de salud, y que estaría haciendo peligrar los compromisos del gobierno en cuanto a la construcción y entrega de hospitales en diferentes ciudades del país al término de su mandato.
Quizás dicha propuesta habría que analizarla, e incluso podría ser que Codelco en reemplazo de colocar bonos en el extranjeros, podría solicitar parte de esos recursos a través de un préstamo interno, para llevar a efecto sus planes estructurales en la corporación, con una tasa de interés mucho menor a los créditos que últimamente se ha visto obligado a buscar en el sistema financiero internacional.
Sin embargo no se puede permitir que so pretexto de pensamiento ideológicos o debido a actos de corrupción ocurridos en estos últimos años en las distintas ramas de las fuerzas armadas como fueron los casos Mirage en la Fuerza Area, el caso Fragata en la Armada, o el último caso milicogate en el Ejercito, donde involucrando recursos que provienen de la ley reservada del cobre, un grupo de personas con las artimañas y métodos similares a las usadas por los políticos y empresarios que defraudaron al fisco en los casos Penta, Soquimich etc., se pretenda hoy aprovechar la coyuntura para volver a la carga en cuanto a derogar la ley reservada del cobre, debilitando la base principal de un Codelco estatal.
Si bien es cierto se han cometido delitos en todas las instituciones antes señaladas, también es cierto que debemos ser hidalgo en reconocer como chilenos que actos de corrupción como señalados finalmente son las personas quienes cometen los ilícitos, pero también debemos decir con firmeza que en estas instituciones tenemos hombres y mujeres honorable y de real espíritu de servicio al país, y así como la justicia debe actuar con el mayor rigor de la ley para sancionar a los culpables por estos delitos, también es cierto que debemos cuidar la principal fuente de ingresos de nuestros país como lo ha sido el cobre y para ello denunciar todo acto que vaya en contra de los intereses de todos los chilenos, lo cual lamentablemente no ha ocurrido hasta la fecha con la denuncias efectuadas ante la Fiscalía Nacional, por las pérdidas de ventas de cobre de mercado a futuro, transacción efectuada a la empresa China Minmetal de 835 mil toneladas de cobre fino, por un préstamo que dicha empresa otorgo a a la estatal por un monto de US$ 850 millones de dólares, pagaderos durante 15 años a un valor de US$ 1,03 centavos de dólar la libra de cobre fino, que de acuerdo a cálculos de algunos economistas, Chile a dejado de ganar o ha perdido hasta la fecha más de US$ 4.600 millones de dólares.
La gran justificación respecto a este tema de quienes defienden la postura que no existe tal perdida, es el hecho que las ventas mercado a futuro son una apuesta de las parte negociadoras de acuerdo como se ve el mercado en ese momento, y la información que se posee.
Si hubiese sido así, quizás dichas pérdidas o lo que se habría dejado de ganar, habrían sido mucho menores, ya que la estatal a fines de 2003 ya tenía la información que el precio del cobre iba estar sobre la barrera de los 2,0 dólares la libra, considerando que en ese años la libra de cobre a fines del 2003 se transaba en no más de US$ 0,80 centavos de dólar la libra de cobre.
La base de este fundamento y que echa por tierra los argumentos en cuanto a la falta de información que el precio del cobre iba en tendencia alcista, lo indica la información publicada en el Directorio Minero de Chile del año 2003, en la pagina 244 y 245 ¨Estimaciones de las demandas de cobre¨, donde a través de una gráfica, cuya fuente proviene de la estatal, se muestra claramente la tendencia al alza del metal rojo que nos llevó finalmente al superciclo de precio llegando incluso a su precio máximo de US$ 3,99 centavos de dólar la libra, pero pareciera ser que las autoridades de la época no tenían la información o la omitieron al momento de efectuar la negociación con los chinos, con las consecuencias ya comentadas.
Por todo lo anterior creo que el sueldo de chile debe seguir siendo administrado por lo chilenos y para ellos todos debemos ser guardianes para que esta empresa siga en manos del estado y quienes mejores pueden ser obstáculo a su privatización son las fuerzas armadas, siempre y cuando se mantenga la ley reservada, que puede ser modificada pero no derogada.
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