Una reforma que promete financiar la reconstrucción merece una pregunta elemental: ¿cuánto dinero nuevo ingresará al Fisco y cuánto corresponde simplemente a impuestos cobrados antes de tiempo? La Ley de Reconstrucción ofrece beneficios permanentes y recaudación transitoria. Esa combinación exige más números y menos triunfalismo.
El SII identifica $151,8 billones en rentas acumuladas pendientes de tributación final. Aplicarles mecánicamente el impuesto sustitutivo de 10% produciría una cifra espectacular: $15,18 billones. Pero no es una estimación seria. El régimen es voluntario y la proyección oficial apenas supera los $703 mil millones. El universo tributario no es una caja registradora.
El atractivo del mecanismo tampoco es gratuito para las cuentas públicas. Quien paga ese 10% puede retirar posteriormente las rentas acogidas sin Impuesto Global Complementario ni Adicional. A cambio, renuncia al crédito por Impuesto de Primera Categoría. El beneficio efectivo varía según cada contribuyente. La pregunta técnica no es solo cuánto entra en ocho meses: es cuánto impuesto futuro se sustituye y cuál resulta ser el saldo fiscal neto.
Mientras tanto, la misma ley reduce gradualmente la tasa corporativa del régimen general de 27% a 23%, avanza hacia la integración tributaria y elimina el gravamen sobre determinadas ganancias bursátiles. Son decisiones que pueden incentivar la inversión; no obstante, ese efecto debe demostrarse, no contabilizarse anticipadamente como recaudación. Un beneficio permanente no se financia por arte de magia con una ventana tributaria excepcional.
El primer balance de Tesorería agrega una lección de contabilidad básica: $2.446 millones efectivamente ingresados mediante convenios de regularización y $41.959 millones de deuda comprometida. No son cifras del impuesto sustitutivo. Tampoco una promesa de pago a 48 meses equivale a dinero disponible hoy. Mezclar saldos, convenios y recaudación puede inflar expectativas sin sumar un solo peso a la caja fiscal actual.
Chile necesita conocer, medida por medida, su recaudación efectiva, el gasto tributario asociado, la pérdida de ingresos futuros y los supuestos de crecimiento que compensarían esas renuncias. También corresponde publicar cuántas empresas se acogen, qué montos enteran y qué obligaciones finales quedan extinguidas. Debe compararse el ingreso presente con la contrapartida futura. Sin ese balance, la palabra «reconstrucción» corre el riesgo de convertirse en un paraguas para decisiones tributarias cuyo financiamiento todavía debe probarse.
Recaudar por adelantado no es crear riqueza fiscal. Rebajar impuestos no garantiza inversión. Y bautizar un paquete como reconstrucción no lo exime de rendir cuentas. El verdadero examen comienza cuando se apagan los titulares y toca cuadrar la caja.
|