El último estudio de UNICEF (2026) sobre violencia sexual a las infancias, advierte que los datos sobre situaciones de violencia sexual -en todas sus expresiones- están escasamente documentados y presentan tensiones entre los instrumentos con los cuales se levanta y sistematiza la información en esta materia.
Estos resultados, no tan solo develan un vacío en las comprensiones de cada país frente a la violencia sexual y sus expresiones propio de la construcción de los instrumentos; sino también exponen una problemática mayor sobre qué preguntas pueden incluirse razonable y viablemente, así como su estructura y opciones de respuesta definitivas. Ello, constata la incapacidad de incluso -las institucionalidades- de obtener datos rigurosos.
En Chile, los datos son alarmantes. El Estudio de polivictimización (2023), identificó que el 18% de los niños, niñas y adolescentes habían sufrido violencia sexual al menos una vez en su vida y el 86 % de quienes la sufren son niñas y adolescentes mujeres. Sólo en el año 2005 30.769 niños y niñas fueron víctima de violencia sexual en nuestro país.
Los cuerpos de los niños son los más vulnerados y violentados de todos los grupos y segmentos de la población; así lo revelan los datos. Sujetos desde la estructura adulto-céntrica a ser concebidos como propiedad privada-desde las familias- y como objeto público plausible de ser violentable por el resto de la sociedad; sus cuerpos y la materialidad de ellos son producto del devenir de las decisiones, deseos e intenciones de otros. Ante ello, es indiscutible traer el principio de inteligibilidad planteado por Butler (2002).
Ello ubica en el análisis las normas sociales que hacen que ciertos cuerpos, identidades y formas de vida sean reconocidos como comprensibles y legítimos frente a otros dejando a otras personas fuera de ese reconocimiento siendo, maltratados, vulnerados y no reconocidos desde la desidia o bien desde la intencionalidad. Una mirada que es necesaria considerar para analizar la rebaja a las penas de condenados por delitos de violencia sexual, realizada hace algunos días por el Estado de Chile.
Y justo sobre este argumento recae la gravedad estructural del problema. Evidentemente no tan solo se trata de un problema administrativo, sino, de un problema ético y de comprensión sobre qué cuerpos son legítimos y reconocidos por un estado que debe velar por un grupo altamente vulnerado y vulnerable. Por ello, es necesario preguntarse frente a la contingencia nacional ¿qué imaginarios de las autoridades permiten que una vida sea reconocida, protegida y valorada socialmente desde el estado frente a otras? La respuesta es clara y contundente; más allá de los argumentos jurídicos.
Porque hoy, los cuerpos que si importan son los de condenados por delitos de violencia sexual y no el de sus víctimas; estas que han enfrentado constantemente graves y persistentes vulneraciones de sus derechos.
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