Hace algunas semanas un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano y Renovación Nacional, presentaron el proyecto de Ley “Escucha su corazón”, buscando modificar el Código Sanitario que regula la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo de vida para la mujer, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación.
Este proyecto incorpora un nuevo inciso, con el fin de que las mujeres escuchen la actividad cardíaca fetal, bajo la apariencia de fortalecer el consentimiento informado en una etapa previa a la decisión de la mujer. Pero se trata de una directa imposición ya que, en caso de que ellas declinen, se indica que “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo”, atentando contra la autonomía y decisión de las mujeres.
En los casos de riesgo vital o inviabilidad fetal, muchas mujeres ya han debido enfrentar el doloroso proceso de escuchar los latidos de un embarazo que pone en riesgo su vida o que no podrá llegar a término. El efecto concreto de esta medida recaería especialmente sobre la tercera causal, la violación, obligando a una mujer que ya ha sido víctima de violencia a escuchar los latidos de un embarazo producto de ella.
Distintas organizaciones de salud y de la sociedad civil rechazan el proyecto, indicando que atenta contra la atención ética y añade sufrimiento y revictimización a situaciones de alta complejidad humana y clínica. En este marco, distintas organizaciones de mujeres y feministas convocaron el pasado 31 de julio a la movilización “Escucha mi decisión”, para manifestar su rechazo a la iniciativa, denunciando el riesgo para los derechos conquistados en las últimas décadas.
Ciertas voces oficialistas y partidos como el nacional libertario están instalando un discurso ideológico que afecta directamente a las mujeres, particularmente a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, ya que dependen del sistema público de salud para acceder a la interrupción del embarazo bajo alguna de las tres causales establecidas por la ley.
Preocupa que estas ideas comiencen a presentarse como materia de diálogo y negociación, en discusiones en las que las propias mujeres, y especialmente aquellas directamente afectadas, rara vez tienen voz o un espacio de participación. Así, aquello que inicialmente parecía una propuesta impensable y horrorosa comienza a instalarse como una alternativa debatible e incluso factible.
De esta manera, ideas que creíamos superadas vuelven a posicionarse en el debate público y el cerco de los derechos adquiridos comienza a desplazarse. El riesgo está precisamente ahí, en normalizar aquello que ayer parecía inaceptable.
Obligar a las mujeres que se han acogido a alguna de las causales a escuchar los latidos fetales atenta contra sus derechos e impide que puedan tomar una decisión libre de coerción y violencia. Al mismo tiempo, revictimiza a mujeres que ya han vivido situaciones de violencia.
Los derechos conquistados por las mujeres no son concesiones ni privilegios, son el resultado de décadas de lucha por la autonomía, la dignidad y la igualdad. Retroceder no significa simplemente cambiar una política, sino poner en cuestión el principio de que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestras propias vidas. En definitiva, este proyecto constituye una nueva forma de ejercer violencia contra las mujeres y sus derechos.
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