Viernes, 10 de Julio de 2026  
 
 

 
 
 
Opinión

Cuando la inseguridad cobra impuestos

Por Andrés Bogolasky Presidente Marcas del Retail A.G.

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Llevamos años discutiendo cómo recuperar el crecimiento económico, pero existe un costo que rara vez ocupa el lugar que merece en esa conversación: la delincuencia y el avance del comercio ilegal.

Un reciente informe de la CPC estimó que las economías ilícitas movilizan en Chile más de US$5.700 millones al año, generan pérdidas tributarias superiores a US$1.500 millones y obligan al sector privado a destinar cerca de US$2.700 millones anuales a prevenir y disuadir delitos. No se trata de un fenómeno marginal, sino de una amenaza estructural para el desarrollo del país.

El impacto también se refleja en el crecimiento. BCI Estudios calculó que la criminalidad ha restado cerca de 0,6 puntos porcentuales al crecimiento anual durante la última década, equivalente a US$22 mil millones que Chile habría podido generar de no haber escalado la inseguridad.

La ciudadanía comparte esta preocupación: la Encuesta Nacional sobre Comercio Ilícito y Contrabando 2025 de la CNC muestra que un 93% cree que la venta de productos ilegales o falsificados perjudica a pymes y emprendedores formales.

El comercio ilícito dejó de ser un fenómeno aislado. Para el comercio establecido significa menos ventas, mayores costos operacionales y una pérdida de competitividad frente a actores que operan sin pagar impuestos, cotizaciones ni cumplir estándares sanitarios o de calidad. El costo termina recayendo en quienes sí cumplen las reglas y también en los consumidores, expuestos a productos falsificados, sin trazabilidad ni garantías.

Es clave distinguir realidades. Muchas personas están en la informalidad por falta de oportunidades, y a ellas hay que ofrecerles caminos reales de formalización. Muy distinto es el contrabando y la falsificación, ligados a mafias que exigen fiscalización y sanción, no incentivos.

Frente a esto, desde Marcas del Retail impulsamos medidas concretas: respaldar incentivos para la formalización que nivelen las condiciones de competencia; fortalecer la fiscalización de productos sin certificación; y apoyar sanciones más efectivas contra la reincidencia en falsificación y piratería.

La seguridad es condición básica para el desarrollo. Reducir el costo de la inseguridad y el comercio ilícito es tarea impostergable para crecer con equidad y confianza.


 
 
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