La reciente incautación de parches de fentanilo en ferias libres de la comuna de Independencia no es solo un hecho policial: es, sobre todo, una alerta sanitaria de alto impacto. Que un opioide de la potencia y riesgo del fentanilo circule en espacios cotidianos, junto a frutas y verduras, evidencia una peligrosa normalización del acceso a fármacos que debieran estar estrictamente controlados.
El fentanilo no es un medicamento cualquiera. Su potencia, hasta 100 veces superior a la morfina, lo convierte en una herramienta clínica invaluable, pero también en una sustancia de altísimo riesgo cuando se utiliza fuera de supervisión médica. Su administración, mediante parches transdérmicos, libera el fármaco de forma continua en el organismo, lo que exige un uso preciso y monitoreado. Cualquier manipulación indebida —corte, exposición al calor o uso sin indicación— puede desencadenar intoxicaciones severas e incluso la muerte.
Lo preocupante es que estos productos estén disponibles en circuitos informales donde no existe trazabilidad, control sanitario ni garantías de seguridad. En estos contextos, los medicamentos pueden estar adulterados, vencidos o haber sido almacenados en condiciones inadecuadas, aumentando significativamente el peligro para la salud de quienes, muchas veces por desconocimiento, acceden a ellos.
Este fenómeno no puede analizarse de manera aislada. La experiencia internacional muestra que la expansión del mercado ilegal de opioides es capaz de desencadenar crisis sanitarias de gran magnitud, como ha ocurrido en países como Estados Unidos y Canadá. Chile está aún a tiempo de evitar un escenario similar, pero ello exige decisiones oportunas y coordinadas.
La venta de fentanilo en ferias libres también revela una preocupante vulnerabilidad social. Al facilitar el acceso a sustancias altamente peligrosas, se expone especialmente a jóvenes, personas con dolor crónico sin tratamiento adecuado y grupos en situación de fragilidad, quienes pueden ver en estos mercados una alternativa rápida, pero profundamente riesgosa.
Frente a este escenario, la respuesta no puede limitarse a la fiscalización y decomiso. Es imprescindible avanzar en educación comunitaria respecto al uso seguro de medicamentos, fortalecer la vigilancia sanitaria y reforzar el control del circuito farmacéutico. Asimismo, se requiere una mirada integral que incorpore prevención, tratamiento de adicciones y acceso oportuno a atención médica.
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