En el mes en que conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿estamos realmente protegiendo la salud mental de quienes trabajan con el mismo rigor que su integridad física? La respuesta, aunque incómoda, es clara: aún no.
Chile ha avanzado. Desde el 2014 contamos con un protocolo obligatorio de vigilancia de riesgos psicosociales, actualizado en 2023 con el cuestionario CEAL-SM/SUSESO, bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguridad Social. Este marco normativo nos sitúa por delante de varios países de la región. Sin embargo, la distancia entre la norma y la realidad cotidiana sigue siendo significativa. Persistimos en tratar la salud mental como un fenómeno “blando”, difícil de medir, cuando en realidad sus consecuencias son tan o más graves que las de cualquier riesgo físico.
Los datos son contundentes. En 2024, el 33,1% de las licencias médicas electrónicas correspondieron a trastornos mentales, según registros oficiales. En la última década, estas licencias han aumentado un 169%, con un crecimiento especialmente pronunciado en hombres (226%) y sostenido en mujeres (137%). A su vez, la Asociación Chilena de Seguridad identifica como principales factores de riesgo la sobrecarga laboral (38,1%), culturas organizacionales hostiles (25,5%) y el escaso apoyo social (25,06%). No se trata de cifras abstractas: se traducen en agotamiento crónico, ambigüedad de roles y entornos laborales que erosionan la salud de manera silenciosa.
Los sectores más afectados —salud, educación, sector público y servicios financieros— comparten una combinación crítica: alta carga emocional y recursos insuficientes. Allí, el desgaste no es una excepción, sino una constante. A esto se suma una desigualdad de género preocupante: las mujeres concentran el 65% de las licencias por salud mental y el 77% de las enfermedades laborales en este ámbito, pero enfrentan mayores rechazos y menor cobertura financiera. Son, en términos simples, más afectadas y menos protegidas.
La transformación del trabajo ha añadido nuevas capas de complejidad. El teletrabajo y la digitalización, acelerados por la pandemia, instalaron dinámicas de hiperconectividad, difuminando los límites entre vida laboral y personal. La gestión algorítmica, la vigilancia constante y la dificultad para desconectarse generan un estrés sostenido que aún no abordamos con suficiente profundidad. Aunque el derecho a la desconexión es un avance, su cumplimiento sigue siendo irregular.
Sin embargo, quizás el mayor problema es cultural. Seguimos premiando el agotamiento como si fuera sinónimo de compromiso. Mientras no cuestionemos esa narrativa y no rediseñemos las organizaciones desde su base —con liderazgos saludables, cargas razonables y entornos respetuosos—, seguiremos tratando síntomas en lugar de causas.
La salud mental en el trabajo no es un lujo ni una tendencia: es una condición esencial para el desarrollo sostenible, y hoy, en Chile, sigue siendo una deuda urgente.
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