En medio del alza de los combustibles anunciada por el gobierno de turno - que implica incrementos cercanos a los $370 por litro en las bencinas y hasta $580 en el petróleo -, junto con medidas de recorte fiscal y discursos centrados en la austeridad, hay una condición clave para que ese mensaje tenga legitimidad: la coherencia. La RAE define coherencia como "conexión, relación o unión de unas cosas con otras" y también como una "actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan". No basta, entonces, en el contexto actual, con pedir esfuerzos o sacrificios “transitorios” a la ciudadanía si quienes toman decisiones no dan señales claras de compartirlos, ni mucho menos de asumirlos como propios.
La lógica es bastante simple y la encontramos en nuestra vida cotidiana. Un niño refleja su formación a partir de los valores recibidos en el hogar; un estudiante escolar tiende a replicar, para bien o para mal, a sus profesores; un equipo deportivo, a su entrenador; y una empresa es, en gran medida, el reflejo del ímpetu y espíritu de sus gerentes. En política ocurre exactamente lo mismo (más bien debería suceder. La credibilidad nace del ejemplo de quienes nos representan. Cuando las autoridades exigen sacrificios sin revisar sus propios privilegios, el mensaje pierde fuerza y se percibe como “injusto, abusivo y descarado”.
Y en esto no hay excepciones. Personeros del gobierno actual, de la oposición, parlamentarios, entre otros: nadie se salva. La discusión sobre la reducción de sueldos en el aparato público - tan presente en tiempos de campaña - hoy cobra mayor relevancia. Existe una percepción extendida de que estas remuneraciones son excesivas y de que ser parte del Estado resulta del todo “rentable”. Según datos de Hacienda (2025), un ministro de Estado percibe ingresos brutos cercanos a los 9 millones de pesos mensuales, mientras que parlamentarios cuentan con dietas de similar o mayor magnitud, además de asignaciones para transporte, asesorías y funcionamiento que incrementan considerablemente sus ingresos totales. Hacerse cargo de ello sería una señal clara, al menos desde el punto de vista ético.
Lo mismo ocurre con los beneficios asociados a diplomáticos, embajadas, asignaciones de transporte para autoridades y los sueldos vitalicios de expresidentes de la República. El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores contempla cientos de miles de millones de pesos anuales destinados al funcionamiento de embajadas y consulados, con altos costos en personal, infraestructura y representación, por solo mencionar algunos casos de uso de recursos públicos que rara vez entran en el debate con la misma intensidad que las exigencias dirigidas a la ciudadanía.
Evidentemente, medidas de este tipo no resuelven de raíz el problema de los combustibles. Sin embargo, su valor radica en la señal de demostrar que el esfuerzo es compartido, fortalecer la confianza y dar sustento a decisiones difíciles. La clase política difícilmente se verá afectada por las medidas anunciadas por el gobierno, pero sí lo harán la clase media y el ciudadano común, quienes, a través de sus impuestos, financian parte de estos privilegios. ¿No sería, entonces, un acto coherente prescindir, al menos parcialmente, de ellos?
En un escenario marcado por la desconfianza generalizada hacia la clase política, liderar y representar a la ciudadanía con el ejemplo deja de ser deseable y se vuelve imprescindible. Sin la aludida coherencia, cualquier argumento corre el riesgo de reducirse a simple palabrería. Pero, además, esta incoherencia tiene efectos profundos erosionando la convivencia social, alimentando la dañina polarización y agudizando los desequilibrios socioeconómicos entre quienes toman decisiones y quienes deben asumir sus costos. En ese sentido, no se trata solo de un problema ético, sino de una deuda directa con nuestra democracia representativa.
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