Cada año, el Día Internacional de la Mujer convoca a miles de personas en Chile y en el mundo a reflexionar sobre los avances y desafíos que persisten en materia de igualdad de género. Sin embargo, una vez que concluyen las marchas, las actividades conmemorativas y el intenso debate público que suele acompañar esta fecha, surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre después del 8 de marzo?
El 8M no es una celebración en el sentido tradicional. Es, ante todo, una conmemoración de las luchas históricas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, así como una instancia que invita a visibilizar desigualdades que aún persisten en nuestras sociedades.
En Chile, durante las últimas décadas se han producido avances relevantes. La participación de las mujeres en la educación superior ha crecido de manera sostenida, se han fortalecido marcos normativos orientados a prevenir la violencia y la discriminación, y el debate público sobre igualdad de género ha adquirido una centralidad que hace algunos años parecía difícil de imaginar.
Sin embargo, muchas de las brechas estructurales continúan presentes. Una de las más significativas tiene relación con la distribución desigual del trabajo de cuidados, una dimensión que durante mucho tiempo permaneció invisibilizada en el debate público.
Diversos estudios han demostrado que las mujeres continúan asumiendo una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Este trabajo, fundamental para la sostenibilidad de la vida y el funcionamiento de nuestras sociedades, sigue siendo escasamente reconocido y desigualmente distribuido.
En este contexto, resulta particularmente relevante la reciente entrada en vigencia de la Ley 21.790, normativa que busca proteger los derechos de estudiantes de educación superior que se encuentran en situación de embarazo, maternidad, paternidad o que ejercen labores de cuidado respecto de niños, niñas o personas con discapacidad o dependencia.
La incorporación de este marco legal constituye un avance significativo para el sistema de educación superior, ya que reconoce explícitamente que las responsabilidades de cuidado no pueden transformarse en un obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación. Al mismo tiempo, plantea nuevos desafíos para las instituciones universitarias, que deberán adecuar sus normativas, prácticas académicas y estructuras institucionales para garantizar condiciones efectivas de igualdad y conciliación entre la trayectoria académica y las responsabilidades de cuidado.
Las universidades ocupan un lugar estratégico en estos procesos. No solo porque forman a las futuras generaciones de profesionales, sino también porque son espacios donde se construyen ideas, se produce conocimiento y se impulsan transformaciones culturales. En ese sentido, la incorporación de la perspectiva de género y del enfoque de corresponsabilidad en las políticas universitarias constituye una condición necesaria para avanzar hacia instituciones más justas y coherentes con los principios de igualdad y no discriminación.
El verdadero sentido del 8M, entonces, no se agota en un día de conmemoración. Su valor radica en la capacidad de impulsar cambios sostenidos en el tiempo, tanto en las políticas públicas como en las transformaciones institucionales y culturales que como sociedad somos capaces de promover.
La igualdad de género no es únicamente una aspiración normativa ni un debate académico. Es, sobre todo, un compromiso con la construcción de una sociedad donde todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en condiciones de dignidad, autonomía y libertad.
Quizás esa sea una de las reflexiones más relevantes que deja este nuevo 8M: que los avances en igualdad no ocurren únicamente en las calles o en los discursos, sino también en las decisiones institucionales, en las políticas públicas y en los cambios culturales que somos capaces de sostener en el tiempo.
Porque avanzar hacia la igualdad de género no es una tarea exclusiva de las mujeres. Es una
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