Algo profundo está ocurriendo en la base del sistema educativo chileno. No es un titular pasajero ni una cifra aislada. Es una señal estructural que merece atención urgente.
Miles de educadoras de párvulos están abandonando la profesión. Al mismo tiempo, la matrícula en educación parvularia no logra recuperarse y se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la pandemia: más de 138 mil niños menos que en 2019, según cifras difundidas recientemente en la prensa nacional. Y más del 60% de las familias declara preferir el cuidado en el hogar antes que enviar a sus hijos a un jardín infantil.
El problema no es administrativo, es cultural. Estamos frente a una pérdida simultánea de confianza y de capital humano. Las razones son complejas. Por un lado, muchas familias expresan dudas, inseguridades o una preferencia por el cuidado doméstico. Por otro, las educadoras describen una creciente sobrecarga profesional: mayor diversidad en el aula, exigencias de inclusión sin suficientes apoyos interdisciplinarios, presión administrativa y una sensación persistente de desgaste emocional. No se trata únicamente de salarios. Se trata de condiciones reales para ejercer con calidad y dignidad.
La pregunta incómoda que debemos atrevernos a formular es esta: ¿está perdiendo legitimidad social la educación inicial?
Desde la evidencia científica sabemos algo fundamental: los primeros cinco años de vida son el período de mayor plasticidad cerebral. Es en esta etapa donde se consolidan las bases del lenguaje, la regulación emocional, la empatía, la función ejecutiva y las habilidades cognitivas que sostendrán todo el aprendizaje posterior. Cada experiencia temprana deja huella. Lo que no se fortalece aquí exige luego intervenciones más costosas y menos efectivas.
La educación parvularia no es un espacio accesorio. Es el cimiento del desarrollo humano y educativo.
Si la matrícula cae y las profesionales desertan, el riesgo no es solo estadístico. Es estructural. Podemos terminar con infraestructura disponible, pero sin niños; con políticas de cobertura, pero sin adhesión social; con normativas exigentes, pero sin respaldo real a quienes deben implementarlas.
Este escenario ocurre justo cuando se abre un nuevo ciclo político. Y eso no es menor. Los inicios de gobierno siempre traen la oportunidad de revisar prioridades y corregir rumbos.
Si queremos hablar en serio de equidad, productividad futura y cohesión social, la conversación debe comenzar en la educación inicial.
No basta con ampliar cupos si las familias no confían en el sistema. No basta con exigir inclusión si no acompañamos a quienes la sostienen.
No basta con declarar la importancia de esta etapa si no fortalecemos sus condiciones estructurales.
Se habla mucho de desarrollar el pensamiento crítico en los niños. Pero quizás hoy el desafío es más amplio: necesitamos pensamiento crítico también en los adultos, en quienes diseñan políticas, en quienes toman decisiones y en quienes observamos estas señales sin interrogarlas con suficiente profundidad.
El pensamiento crítico no es solo una habilidad escolar; es una responsabilidad social. Es la capacidad de cuestionar a tiempo aquello que empieza a fracturarse antes de que sea demasiado tarde.
Cuando las educadoras se van y los niños no llegan, no estamos frente a una cifra. Estamos frente a una advertencia.
La educación inicial no es un tema sectorial ni una discusión técnica. Es la base sobre la cual se construye todo lo demás.
Ojo: la educación inicial no es el comienzo del sistema; lo determina.
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