En las últimas semanas se ha repetido una frase que suena clara, pero que no explica bien lo que está pasando: “se prohíben los celulares en los colegios”. Cuando una medida se resume así, el debate se contamina rápido: aparecen temores legítimos en las familias, resistencia en algunos equipos docentes y, al mismo tiempo, expectativas poco realistas de que con una prohibición se resolverán problemas complejos. Por eso, antes de opinar desde el instinto, creo que es mejor opinar desde la comprensión: este ajuste a la Ley General de Educación no es una prohibición absoluta ni un castigo a lo digital. Bien entendido, puede ser un punto de partida para algo que Chile necesita con urgencia: mejor educación digital.
Lo primero es decirlo sin rodeos: el foco no está en eliminar la tecnología educativa. El foco está en ordenar el uso de dispositivos móviles personales de comunicación en un momento muy específico: la clase, durante las actividades curriculares en sala. La intención declarada es proteger condiciones básicas para aprender: atención, participación, convivencia e interacción humana real. En un aula con pantallas sin propósito, se pierde algo esencial: la conversación pedagógica, el vínculo, el estar presentes.
Y aquí viene el segundo punto que suele omitirse: esto no se dirige solo a estudiantes. El sentido de construir un espacio protegido también incluye a los adultos. Si lo que buscamos es una sala segura para aprender, la coherencia importa. No se trata de “controlar al estudiante”, sino de sostener un entorno donde la clase sea realmente clase, y no un lugar donde cada cual compite con un mundo de notificaciones.
Ahora bien, una regulación seria también debe ser humana. Por eso incorpora excepciones que no son un detalle, sino parte del corazón pedagógico del asunto: emergencias, condiciones de salud que requieren monitoreo, necesidades educativas especiales cuando el dispositivo es apoyo, y usos pedagógicos autorizados por el establecimiento. Esta flexibilidad es clave por una razón simple: una norma sin inclusión se vuelve una barrera. Si un estudiante necesita un apoyo tecnológico para acceder al aprendizaje o por condición de salud, la escuela no puede convertirse en el lugar donde ese apoyo desaparece.
Otra idea importante: esto no es una receta única para todos. La implementación queda en manos de las comunidades escolares, porque cada establecimiento tiene un proyecto educativo distinto, realidades distintas y necesidades distintas. La ley establece un marco general, pero será cada escuela la que deba traducir ese marco en reglas claras dentro de su reglamento interno: qué se entiende por dispositivo, cómo se resguarda durante la jornada, en qué condiciones se autoriza un uso pedagógico, quién lo autoriza, cómo se supervisa y cómo se comunica a las familias. Aquí está la diferencia entre una medida que genera conflicto y una medida que crea cultura: claridad, acuerdos y coherencia.
En este punto quiero detenerme en algo que parece menor, pero no lo es: cuando se habla de “dispositivos móviles”, no estamos hablando solo de celulares. En la vida cotidiana escolar esto incluye también tablets (como iPad), relojes inteligentes y otros dispositivos personales conectados. Lo relevante no es la marca, sino la función: movilidad, uso personal, posibilidad de comunicación y acceso a contenidos digitales. Y si esto no se explica bien, la conversación se llena de confusiones que terminan afectando la convivencia.
El Ministerio ha planteado, además, que esto no se implementa de golpe. Se ha hablado de un período de conversación comunitaria y marcha blanca durante el primer semestre, con acompañamiento, para luego avanzar hacia regulaciones más estables y supervisiones con los acuerdos ya construidos. Esa gradualidad me parece un acierto, porque una norma que entra sin conversación se convierte en pelea. En cambio, una norma que entra como acuerdo puede transformarse en aprendizaje social: aprender a poner límites, a usar con criterio, a respetar espacios comunes.
Y aquí llego al punto que me interesa defender: la verdadera oportunidad no es “quitar teléfonos”. La verdadera oportunidad es que, por fin, discutamos en serio sobre educación digital. Porque el problema no es sólo el celular en el aula; el problema es el uso indiscriminado, la falta de autorregulación, la presión social en redes, la sobreexposición y, en muchos casos, la ausencia de herramientas para distinguir información confiable de manipulación o desinformación.
Si esta regulación se entiende como “prohibición”, nos quedaremos en la superficie. Pero si se entiende como una invitación a educar mejor, entonces abre puertas muy concretas: alfabetización mediática e informacional, convivencia digital, privacidad y seguridad, huella digital, autocuidado, y también el uso productivo de recursos digitales para aprender, crear y comunicar. Esa formación —bien hecha— no compite con la lectura, la escritura o el trabajo manual. Al contrario: los complementa y los fortalece cuando el diseño pedagógico es intencionado.
Por eso mi postura es simple: no necesitamos menos tecnología; necesitamos menos pantallas sin propósito y más educación digital intencionada. Regular el uso de dispositivos personales en la sala puede ayudar a recuperar la atención y la convivencia. Pero el salto cultural real ocurrirá si, además, docentes, familias y escuelas aprovechamos este momento para instalar hábitos, acuerdos y aprendizajes que trasciendan la sala de clases.
Si Chile quiere que esta medida funcione, la conversación tiene que ser madura: no se trata de demonizar lo digital ni de romantizarlo. Se trata de lo más difícil y lo más importante: aprender a usarlo bien. Y eso no se logra prohibiendo. Se logra educando.
|
.jpeg)
.jpg)
