La presentación del gabinete con el que José Antonio Kast iniciará su mandato el próximo 11 de marzo no fue solo un acto administrativo. Fue, sobre todo, una declaración de principios. En una escena cuidadosamente sobria, marcada por la contingencia de los incendios y por un lenguaje de urgencia, el nuevo Presidente instaló una idea fuerza: Chile requiere un gobierno de emergencia, orientado a la ejecución, al orden y a la recuperación.
El diseño del equipo ministerial refuerza ese encuadre. Con 16 de 24 ministros sin militancia partidaria, el gabinete se distancia deliberadamente de la lógica tradicional de cuoteo político. Es una señal potente, que busca transmitir profesionalismo, mérito y foco en resultados. Desde la óptica de la gestión pública, la apuesta parece clara: menos negociación interna y más capacidad técnica para tomar decisiones rápidas.
Sin embargo, la política —conviene recordarlo— no desaparece por decreto. Solo cambia de lugar. Un gabinete con fuerte impronta técnica y bajo anclaje partidario puede ser eficiente en la ejecución, pero enfrenta un desafío mayor en la construcción de gobernabilidad, especialmente en un Congreso fragmentado y exigente. La experiencia comparada demuestra que los currículums robustos no reemplazan la necesidad de articulación política, ni dentro del Ejecutivo ni con el Legislativo.
En materia de paridad, el gabinete presenta 11 mujeres y 13 hombres. Es un avance respecto de décadas anteriores, pero queda por debajo de los hitos simbólicos que marcaron los gobiernos de Michelle Bachelet, con su gabinete paritario en 2006, y de Gabriel Boric, quien instaló una mayoría femenina en 2022. Más allá de la aritmética, el punto relevante es el lugar que el nuevo gobierno asigna a la agenda de género: no como eje articulador, sino como campo de disputa cultural. Esa decisión, legítima desde lo político, implica asumir que parte del capital comunicacional inicial se consumirá en controversias identitarias, aun cuando la prioridad declarada sea seguridad y crecimiento económico.
El concepto de “gobierno de emergencia” es, en sí mismo, un arma de doble filo. Ordena prioridades, justifica decisiones duras y alinea expectativas en torno a resultados concretos. Pero también eleva la vara. Un gobierno que se autodefine como excepcional es evaluado con criterios excepcionales. Si en los primeros meses no se observan avances tangibles —en control del delito, reactivación económica o gestión de crisis—, el relato puede volverse rápidamente en contra.
Algunas decisiones estructurales del gabinete refuerzan esta tensión, más allá de que haya nacido desde una contingencia. La figura del “biministro” en áreas estratégicas como Economía y Minería busca coherencia y rapidez en la toma de decisiones, pero también concentra riesgos: sobrecarga de funciones, conflictos de prioridad y dificultades de accountability. En sectores altamente sensibles para la inversión y el empleo, la claridad institucional no es un detalle, sino un activo.
En perspectiva comparada, este gabinete se diferencia claramente de los anteriores. No apuesta al recambio generacional como Boric, ni al equilibrio político-simbólico de Bachelet, ni a la ingeniería programática clásica de Piñera. Su singularidad radica en una convicción: gestionar primero, politizar después. El problema es que, en democracia, ambas dimensiones avanzan siempre en paralelo.
El verdadero test no estará en la presentación ni en las primeras semanas de instalación, sino en la capacidad del gobierno para transformar expertise en política pública sostenible, y decisión en acuerdos duraderos. Porque gobernar no es solo ejecutar bien, sino también construir legitimidad, procesar conflictos y administrar expectativas.
El gabinete Kast parte con una promesa ambiciosa y un relato claro. Ahora enfrenta su des
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