Hay imágenes que no requieren mayor explicación. Una limusina, cámaras 360°, música, brindis y celebración financiada con recursos públicos no es solo un exceso estético: es una señal ética. Lo ocurrido en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama no puede leerse como un hecho anecdótico ni como un simple error administrativo. Es, ante todo, un síntoma profundo de una comprensión distorsionada de lo que significa liderar la nueva educación pública en Chile.
Los SLEP nacieron como una respuesta estructural al agotamiento del modelo municipal, con la promesa de fortalecer la educación pública desde la territorialidad, la equidad y la mejora sostenida de los aprendizajes. No fueron creados para administrar símbolos de poder ni para reproducir lógicas de elite; fueron diseñados para acortar brechas, sostener trayectorias educativas y devolver dignidad a comunidades escolares históricamente postergadas (Ministerio de Educación, 2017).
Cuando un servicio local decide celebrar con lujos mientras aún existen escuelas con infraestructura precaria, equipos docentes sobrecargados y estudiantes que no logran aprendizajes básicos, el problema no es solo presupuestario: es pedagógico y moral. Cada peso malgastado es una oportunidad perdida. Cada gesto de ostentación es una distancia mayor entre la política pública y las aulas reales donde ocurre —o fracasa— el aprendizaje.
La educación pública no se legitima con eventos espectaculares, sino con resultados educativos justos y sostenidos. La evidencia es clara: los sistemas educativos que avanzan en calidad y equidad lo hacen cuando ponen el foco en el desarrollo profesional docente, el liderazgo pedagógico y el uso responsable de los recursos, siempre alineados con el aprendizaje de los estudiantes (Agencia de la Calidad de la Educación, 2023). Nada de eso se fortalece con celebraciones vacías de sentido educativo.
Más aún, los recursos que administran los SLEP no pertenecen a sus directivos ni a sus equipos de gestión: pertenecen a todos los chilenos. Son recursos públicos que la sociedad ha decidido invertir en la educación como motor de movilidad social, como espacio de justicia y como derecho fundamental. Usarlos de manera frívola no solo vulnera la normativa vigente, sino que erosiona la confianza ciudadana en un sistema que aún está en construcción y que requiere legitimidad social para consolidarse (Superintendencia de Educación, 2022).
La decisión del Ministerio de Educación de solicitar la renuncia del director subrogante del SLEP de Atacama es, en ese sentido, una señal necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de una reflexión más profunda. El problema no es solo una persona ni un evento: es la cultura de gestión que algunos han intentado instalar en la educación pública, confundiendo liderazgo con espectáculo y gestión con privilegio.
La nueva educación pública no necesita alfombras rojas ni copas de champagne. Necesita coherencia ética, sobriedad republicana y un compromiso radical con el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Necesita líderes que caminen las escuelas antes que subirse a una limusina; que escuchen a las comunidades antes que posar ante una cámara; que entiendan que cada decisión administrativa tiene un impacto pedagógico.
Porque cuando la educación pública se sube a la limusina, no avanza: se desvía. Y Chile ya no puede seguir pagando el costo de esas desviaciones.
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