El debate que se dio recientemente en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados sobre el cierre obligatorio del comercio en días de elecciones vuelve de manera recurrente al Congreso, casi siempre gatillado por la cercanía de una votación. Ese es, precisamente, uno de los problemas de fondo: esta discusión no debiera activarse solo cuando hay elecciones en el calendario, sino abordarse con la serenidad y profundidad que permiten los periodos sin urgencias electorales.
La normativa vigente responde a un Chile distinto, con voto voluntario y una estructura comercial menos compleja. Hoy vivimos en un país con voto obligatorio y con evidencia clara —tanto internacional como local— de que la apertura del comercio no afecta la participación electoral. La experiencia comparada y los propios procesos recientes en Chile, incluido 2024, así lo demuestran. Aun así, mantenemos una regulación que obliga al cierre de amplios segmentos del comercio formal, generando pérdidas económicas, afectando ingresos de trabajadores y creando distorsiones competitivas difíciles de justificar.
Como asociación gremial hemos sostenido que comercio y democracia son plenamente compatibles. Existen mecanismos laborales suficientes para garantizar el derecho a voto —como permisos y organización de turnos— sin necesidad de paralizar la actividad económica. La evidencia disponible respalda esta mirada.
Además, la regulación actual establece una discriminación difícil de explicar: mientras ciertos comercios pueden operar, otros —especialmente los ubicados en centros comerciales y galerías— deben cerrar por ley, pese a concentrar una parte relevante del empleo formal del sector. Esta asimetría no protege la democracia; solo distorsiona la competencia.
Por eso es clave no olvidar este debate fuera de los periodos electorales. Solo así será posible avanzar hacia una regulación moderna, basada en evidencia y con mirada de largo plazo.
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