A días del inicio del receso de verano, el sistema escolar enfrenta uno de sus mayores desafíos del año: la pérdida sostenida de clases producto de diversas movilizaciones estudiantiles específicamente en los liceos emblemáticos del país. Según datos recientemente difundidos por Escuelas Abiertas, algunos establecimientos han acumulado hasta 47 días sin actividad pedagógica efectiva, impactando de manera directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje de miles de estudiantes, considerando además el impacto en la organización familiar que se considera la rutina diaria de enviar los niños, niñas y adolescentes a los establecimientos educacionales.
Entre los establecimientos más afectados se encuentran los liceos emblemáticos Instituto Nacional, el Liceo 1 Javiera Carrera, el INBA, el Liceo de Aplicación y el Barros Borgoño, recintos que concentran una alta matrícula y una reconocida histórica relevancia en la educación pública. Las suspensiones reiteradas no solo interrumpen la continuidad del currículum, sino que además generan una pausa en los procesos formativos, evaluativos y de acompañamiento socioemocional.
Desde una mirada institucional, la mayor preocupación se centra hoy en el impacto que esta interrupción tendrá en las trayectorias educativas y en las transiciones de curso. Estudiantes que deben progresar desde enseñanza básica a media, o bien transitar desde cuarto medio a la educación superior o incluso al mundo del trabajo, lo harán con aprendizajes fragmentados, menor retroalimentación pedagógica y una preparación desigual.
A ello se le agrega un escenario particularmente provocador de cara a las vacaciones de verano. El receso, que tradicionalmente cumple un rol de pausa y recuperación, podría transformarse este año en un período que profundice las brechas, especialmente para quienes no cuentan con apoyos educativos sostenidos fuera del aula. La acumulación de contenidos pendientes, evaluaciones postergadas y procesos inconclusos tensionará aún más el segundo semestre.
Desde el Ministerio de Educación se ha señalado que se evalúan planes de recuperación y reorganización pedagógica, fundamentalmente para los cursos más afectados. No obstante, directivos y docentes advierten que las estrategias de recuperación requieren tiempo, estabilidad y condiciones institucionales adecuadas para ser efectivas.
Más allá de las cifras, la situación demanda al sistema educativo en su conjunto: ¿cómo garantizar el derecho a la educación en contextos de alta conflictividad? ¿Cómo sostener trayectorias formativas estables cuando la escuela se transforma en escenario de tensión permanente? Las respuestas a estas preguntas marcarán no solo el cierre de este semestre, sino también la calidad de los procesos educativos que se proyectan para el año siguiente.
Mientras tanto, las comunidades escolares viven un complejo equilibrio entre el legítimo derecho que tienen toda persona en Chile a manifestarse y la urgencia de resguardar el derecho a la educación, particularmente en contextos de alta vulnerabilidad social.
El desafío ahora no solo será recuperar los días perdidos, sino también reconstruir trayectorias de aprendizaje y fortalecer las transiciones educativas, en un escenario marcado por la incertidumbre y la proximidad de un receso que, para muchos estudiantes, llega con trascendentales deudas formativas.
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